Las irregularidades en compras de material médico durante la pandemia siguen saliendo a la luz, esta vez fueron Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el consejero David Rosero, quienes denunciaron ante la Fiscalía General una supuesta afectación al Estado de más de USD 4 millones en adquisiciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública.
Según la denuncia presentada, en mayo pasado el Ministerio de Salud realizó la compra de un alto número de respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95% quirúrgico con mascarilla de filtrado, por el valor de USD 9 millones 960 mil, en que se ha detectado un pago indebido que asciende a USD 4 millones 482 mil, que fue entregado como anticipo.
Según Almeida, este anticipo no contaría con las garantías exigidas por ley, pues fueron entregadas por una cooperativa de ahorro y crédito que no cuenta con la capacidad económica para avalar el monto desembolsado, solo contaba con USD 45 mil en sus cuentas.
Además, la investigación evidencia que los responsables del control y verificación de las pólizas inobservaron hechos que pueden relacionarse con la falsificación y uso de documento falso, también se pide investigar los delitos de asociación ilícita, peculado y tráfico de influencias, así como la posible existencia de redes de corrupción que actuarían para favorecer procesos ilegales de contratación con el Estado.
“Se evidencia un posible abuso de recursos públicos y el delito de peculado en el que estarían involucrados el Ministerio de Salud, el contratista particular y la institución financiera”, afirmó David Rosero. Hasta el cierre de esta edición, la cartera de Estado no se pronunció sobre nuestro pedido de información. (I)
