Al fin se ha aclarado si la comunicación púbica es un servicio, o sea que tiene que ser administrada y regulada por el Estado, o un Derecho al que todos los ciudadanos podemos acceder libremente sin tutelaje ni control de nadie, peor del Estado que, casi siempre y en todas partes, ha sido enemigo declarado o velado de que podamos enterarnos de lo que realmente sucede y de emitir nuestras opiniones y criterios, para conocimiento de nuestros semejantes, de manera absolutamente libre, sin considerar si estamos equivocados o no.
Como es fácil entender eso a los gobernantes en general no les agrada, peor a los que quieren hacer su voluntad sin respeto ni consideración a las leyes ni a la gente. Odian la idea de que alguien pueda expresar desacuerdo con lo que hacen o piensan. Y de esto a la censura abierta y la persecución no hay sino un corto paso.
Y desventuradamente eso sucedió en Ecuador cuando en 2013 al déspota de la “década robada” se le ocurrió que se debía expedir una Ley de Comunicación a la cual bien hizo la opinión pública en llamar “Ley Mordaza” pues mediante ella persiguió, encarceló, insultó y maltrató en todas las formas posibles a quienes se atrevieron a expresar desacuerdo con sus ideas, muchas veces torpes, desatinadas y abusivas, o a criticar robos y malversaciones.
Esa Ley infame fue posible gracias a la sumisión indigna y servil de los ovejunos y de las ovejunas de la Asamblea Nacional que la aprobaron. Los mismos que ahora estuvieron completamente de acuerdo en eliminar aquello de que la Comunicación Pública es un servicio. Pienso ¿qué hubiera pasado si el déspota estuviera en Carondelet? ¿Hubieran votado igual que la semana pasada? Seguro que no. Hubieran obedecido servilmente y aterrados las órdenes de ese espantoso tiranuelo ¿Y así quieren volver a ser elegidos? (O)
