La acusación será fruto de una extensa investigación de más de tres años y medio que llevó a Fujimori a estar encarcelada en prisión preventiva (provisional) durante quince meses en dos periodos distintos entre octubre de 2018 y mayo de 2020, cuando abandonó la cárcel bajo fianza para pasar a arresto domiciliario.
Una vez que el fiscal presente su acusación, el Poder Judicial decidirá si hay indicios suficientes del delito para abrir un juicio contra Fujimori, lo que puede coincidir en plena campaña electoral, donde la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) intenta por tercera vez ser la primera mujer en alcanzar la Presidencia de Perú.
Sin embargo, el fiscal del equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato advirtió que faltan una serie de diligencias solicitadas por Keiko Fujimori y otros investigados que están retrasando el cierre de la investigación.
«Si no hay mayor dilación por parte de los abogados de la defensa, vamos a dar por concluida la investigación prontamente», declaró Pérez al Canal N.
«Quien está prolongando un poco el desarrollo de esta investigación son los investigados que hacen estos pedidos a la Fiscalía», añadió.
INSISTE CON SUSPENDER PARTIDO
Asimismo, el fiscal a cargo de la investigación no desiste aún de su pedido a la Justicia para que suspenda temporalmente a Fuerza Popular, lo que dejaría al partido fujimorista fuera de las elecciones generales convocadas para el domingo 11 de abril.
Después de que el Poder Judicial no aceptara en primera instancia la suspensión temporal del partido, la Fiscalía apeló de la decisión y está pendiente el fallo en segunda instancia.
Pérez también se quejó de que Keiko Fujimori no está cumpliendo las condiciones del arresto domiciliario que le impuso la Justicia, pues aparentemente el juzgado le está dando permiso para hacer campaña política, como la pasada semana, cuando viajó fuera de Lima a regiones del norte de Perú.
MILLONARIAS DONACIONES SIN DECLARAR
Entre el dinero recibido hay unos 3,6 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, y presuntamente un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en Latinoamérica al pagar grandes sobornos en una docena de países.
Sin embargo, esas irregularidades no estaban consideradas como delito, por lo que el fiscal necesita demostrar que Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular conocían que el dinero de las donaciones como las Odebrecht provenían de una fuente ilícita para así poder demostrar el lavado de dinero.
Actualmente Keiko Fujimori figura en la segunda posición de las encuestas de intención de voto con aproximadamente un 8 %, pero también es la segunda candidata más rechazada, con un 71 % de electores que afirman que jamás le darían su voto.
Tanto en 2011 como en 2016, Fujimori se quedó a la puertas de convertirse en la primera mujer en ser presidenta de Perú, pues perdió en la segunda vuelta primero contra Ollanta Humala (2011-2016) y luego frente a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por apenas 40.000 votos de diferencia. EFE