Tras señalar que esta es la primera vez que el Consejo de la Judicatura realiza un concurso “bajo parámetros de legitimidad, probidad notoria y alta autoridad moral”, María del Carmen Maldonado, presidenta del organismo, les tomó el juramento a los nueve jueces y dos conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que resultaron ganadores del proceso que duró un poco más de siete meses.
Ayer en una ceremonia realizada en el norte de Quito fueron posesionados: Milton Velásquez y Fabián Racines para la sala de lo Contencioso Administrativo; Gilda Morales para la sala de Contencioso Tributario; Felipe Córdova, Byron Guillén, Walter Macías y Luis Antonio Rivera para la Sala de lo Penal y Tránsito; Alejandro Arteaga y Enma Tapia, para la Sala de lo Laboral.
El proceso de cambio de la CNJ inició hace un año, cuando el Consejo de la Judicatura sometió a los magistrados a una evaluación de la que solo siete jueces y seis conjueces salieron ilesos, por lo que se designó a 26 conjueces que ocuparon los puestos vacíos, 11 de este grupo deberán retornar a sus cargos provinciales, tras ser reemplazados de forma definitiva.
Sin embargo, el concurso impulsado por la Judicatura no logró llenar las 32 vacantes existentes, sino solo 9 de jueces y 2 de conjueces, a este grupo se le sumarán los magistrados José Suing y Gustavo Durango, que fueron reintegrados a la CNJ tras determinar que su destitución fue ilegal. Para llenar los otros cargos se deberá convocar a un nuevo concurso, para lo cual no existe todavía fecha.
Pedro Crespo, director general de la Judicatura, atribuyó la dificultad de llenar las vacantes a lo exigente del concurso y a que por primera ocasión se designó a los jueces de acuerdo con su especialidad, con lo que se busca garantizar la eficiencia.
Sin embargo, el concurso no estuvo exento de polémica, varios veedores y postulantes desistieron de seguir en el proceso debido a las observaciones realizadas, sobre todo al sistema informático, que en más de una ocasión causó problemas que llegaron hasta la desaparición de información de los candidatos, lo cual llevó a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicite que se declare desierto el concurso, pedido que no fue escuchado por la Judicatura.
