El acusado, identificado como Juan González Iturriaga, sargento de Carabineros, será investigará al agente por homicidio simple durante los próximos 120 días, tiempo en el que regirá la medida cautelar que se le impuso.
Un querellante particular solicitó prisión preventiva y la formalización del acusado por homicidio calificado, argumentado que «ninguno de los disparos se justifica», petición que fue denegada por el juez de garantía a cargo de la audiencia, Felipe Muñoz.
Este suceso, que profundizó los cuestionamientos al cuerpo de Carabineros a nivel nacional, desató el pasado viernes una jornada de disturbios al sur del país, en la pequeña localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de la capital.
El uniformado fue detenido ese mismo día tras difundirse unos vídeos donde se aprecia cómo apunta su arma de fuego a la víctima, Francisco Martínez, de 27 años, quien arremete con sus cuchillos de malabar antes de ser abatido a tiros por el imputado.
Según el fiscal a cargo del caso, Juan Agustín Meléndez, no había «necesidad racional de defensa» del carabinero y su último disparo, de un total de seis identificados por el persecutor, fue «injustificable» puesto que la víctima ya se encontraba tirada en el suelo, y había recibido tres disparos antes de que recibir la bala en el tórax que le provocó la muerte.
El juez concordó con la Fiscalía, aseverando que «el último disparo perpetuado no se encuentra amparado por el derecho».
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que también se hizo parte de la causa, afirmó que el hecho «constituye una violación de los derechos humanos».
«La trayectoria de la bala (última) es descendente, lo que hacen descartable la legítima defensa», argumentó la abogada de la entidad.
La defensa de González Iturriaga señaló que el proceso se ajustó al protocolo y que «no había otra forma» de detener la agresión contra el funcionario policial.
Este episodio desató una ola de críticas hacia Carabineros por parte de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la «urgencia» de refundar el cuerpo policial e hicieron un llamado a hacer un uso de la fuerza «racional y proporcional».
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta. EFE
