En todo país que maneje de forma responsable y técnica su economía, mucho más si está dolarizada, como es el caso de Ecuador, los Bancos Centrales funcionan de manera independiente. Tampoco es que sean privados.
No están a disposición de la coyuntura de los gobiernos de turno, y menos de proyectos políticos cuyo norte es perpetuarse en el poder sin más línea que repartir sin producir, y tomar dineros que corresponden a los encajes de la banca privada y de los depósitos de las entidades públicas.
Esos encajes tampoco es que sean de la banca privada, sino de los depositantes que confían a ella sus dineros y, por lo tanto, debe salvaguardarlos.
Similar a lo que han hecho con los recursos del IESS, que tampoco son del gobierno sino de los afiliados, el anterior se gastó las reservas del Central dando la sensación de una economía boyante, hasta que le hizo falta el dinero y tuvo que endeudarse más.
El actual gobierno, aunque en una época poco adecuada, envió a la Asamblea Nacional un proyecto para la Defensa de la Dolarización, que reforma al Código Monetario y Financiero, con el fin de blindar al Banco Central para que sus dineros no sean usados al libre albedrío de los gobernantes de turno.
El proyecto fue devuelto, pero el Ejecutivo lo reenviará haciendo los ajustes jurídicos necesarios. Varios legisladores electos y un candidato presidencial, cuya oferta electoral es regalar 1.000 dólares a un millón de familias ni bien asuma el poder, exigen que el gobierno se abstenga de plantear tales reformas.
Se estima en más de 8 mil millones de dólares el dinero que guarda el Central. Una suma nada despreciable para políticas populistas e irresponsables que volverían a poner en riesgo al sistema financiero.
Reformular la conformación de la Junta de Política y Regulación Financiera, y la del Directorio del Central para darle independencia al Banco respecto del Ejecutivo; y a que transparente los balances cada año, no deberían ser propuestas analizadas con ligereza.
La actual Asamblea, si está del lado del interés nacional, no tiene que subestimar el proyecto de ley sino debatirlo con responsabilidad.
