El CNE en la madrugada del 21 de febrero proclamó los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2021.
Avanzar en el proceso electoral sin ejecutar el acuerdo entre los candidatos Pérez y Lasso ante el CNE, observadores de la OEA, la prensa y la audiencia nacional para el recuento del 100 % de los votos en el Guayas y el 50 % en 16 provincias, es una burla país, actuar de espaldas a la democracia y dejar en la oscuridad lo que pasó realmente con nuestros votos.
El acuerdo político estaba enmarcado en los principios de publicidad y transparencia, respeto a la voluntad soberana, conocimiento de la verdad material y seguridad jurídica que rigen el derecho electoral y estaba conforme con los Arts. 1 y 61 de la Constitución y con el Art. 141 de la Ley Electoral que ordena que, en el escrutinio nacional, el CNE “podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias”.
En un proceso electoral plagado de sombras e incertidumbres desde su inicio y ante las graves denuncias de fraude y la exigencia de importantes sectores ciudadanos para que se abran las urnas, el CNE estaba en la obligación ética y jurídica de proceder como un árbitro democrático, independiente, técnico e imparcial dando paso al recuento de votos en apego a la legalidad y para dotar de legitimidad al proceso electoral que es el espíritu de la norma citada de la Ley Electoral.
Al dar las espaldas al acuerdo político se generaron nuevas dudas que han llevado a presentar una denuncia penal por presunto fraude electoral y una solicitud de auditoría al sistema informático del CNE, lo que ha motivado a la Fiscalía General a iniciar una investigación previa y a la Contraloría pedir al CNE dé paso a la auditoría, lo que se ha interpretado por la Presidente del CNE como injerencias extrañas, reacción curiosa si se considera que el consejero Luis Verdesoto aclara que hubo resolución del CNE para entregar la información a la Fiscalía, y según su criterio, también debe autorizarse la auditoría de la Contraloría.
Esta reacción de la presidente del CNE al unísono con Arauz y Lasso, siembran aún más sospechas. Tal vez se esté todavía a tiempo de abrir las urnas, caso contrario el proceso y su producto estaría marcado de ilegitimidad. (O)
