El líder indígena Hortez Baitug Wajai, de la etnia Awajun, denunció que sufre amenazas de muerte junto a sus principales seguidores por defender sus territorios y pidió al Gobierno de Perú que «salve» a la Amazonía de la minería ilegal.
«A nosotros mañana, o pasado, nos matan», afirmó Hortez Baitug, presidente de la Organización de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Adecofrop), durante una videoconferencia organizada este miércoles por la organización CooperAcción.
El líder indígena detalló las amenazas que sufre el pueblo Awajun y las comunidades asentadas a orillas del río Cenepa, en las cercanías a la frontera norte con Ecuador, donde ellos siguen las costumbres de sus antepasados de «defender la diversidad ecológica».
DEFENSORES AMENAZADOS
Hortez explicó que las comunidades salieron a «defender el derecho de retirar a los mineros» que entraron en sus territorios, confiados en que el Estado los iba a apoyar, pero ahora las autoridades de la región de Amazonas «han cambiado su actitud».
Aseguró, en ese sentido, que personas expulsadas de otras localidades los «están amenazando directamente», diciéndoles que son «opositores antimineros, antidesarrollo».
«Ya estamos recibiendo amenazas de muerte», reiteró el dirigente antes de indicar que él y sus asesores han pedido garantías al prefecto de la localidad de Condorcanqui, ya que no se les permite el libre tránsito, los siguen y les toman fotos.
«Somos defensores del ambiente, pero amenazados», enfatizó.
DEFENSA DEL PULMÓN DEL MUNDO
El líder indígena remarcó que «el bosque no es solo para los pueblos originarios, sino es la vida del planeta», por lo que invocó a las autoridades peruanas «la unidad para defender la Amazonía, que es el pulmón del mundo».
Señaló, en ese sentido, que han presentado un memorial para pedir la «pronta interdicción para erradicar la minería ilegal en las márgenes del río Cenepa».
«Señores del Estado, yo arriesgando mi vida vengo enfrentando y saliendo, pero no lo puedo controlar, porque está afectando demasiado nuestro terreno, estos señores se sienten dueños de nuestros terrenos», alertó.
APOYO PARA EL DESARROLLO
El dirigente de la Adecofrop pidió que en su localidad se instale un instituto o una universidad que permita que los jóvenes «conozcan que la educación es la ruta básica para el desarrollo» y se apoye el desarrollo de actividades productivas como la piscicultura, la agricultura, la cerámica, la artesanía y la cría de animales.
«Aquí debería haber un gran porcentaje del apoyo directo a las comunidades», dijo antes de pedir que el Estado «tenga mayor solidaridad, sea equitativo» y les brinde el apoyo para lograr «un cambio de este trabajo con otro trabajo alternativo»
«En el pueblo Awajun estamos arduamente defendiendo nuestra diversidad ecológica, que el Estado ponga su parte y cumpla como Estado», concluyó.
UN TEMA MUY DELICADO
Durante la videoconferencia, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, aseguró que este tema «lamentablemente es muy delicado y genera preocupación de diversas instancias».
«En el caso de las comunidades del Cenepa, están sufriendo de manera fuerte y agresiva la invasión de su territorio por la minería ilegal», reafirmó antes de detallar que entre 2013 y 2021 se han reportado 22 muertes de defensores ambientales e indígenas en Perú, 7 de ellos durante la actual pandemia.
Tras indicar que «las actividades ilícitas no se han paralizado», aseguró que «a la fecha, ninguna autoridad puede decir que desconoce el problema, porque ya se les ha puesto en autos».
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Al respecto, el coordinador del Equipo de Implementación del Protocolo de Defensores del Ministerio de Justicia, Jorge Abregó, reconoció que este problema afecta a «un grupo de especial protección», reconocido en el Plan Nacional de Derechos Humanos.
«La mirada del protocolo es amplia y no concentrándose solo en los temas de seguridad, que sin duda son los más graves», sostuvo antes de añadir que «la idea es que este mecanismo intersectorial pueda otorgar una respuesta a estos problemas estructurales».
Abregó dijo que en el caso de los indígenas Awajun del Cenepa existe una «preocupación institucional», que ya fue planteada por el Ministro de Justicia, Eduardo Vega, a la comandancia de la Policía Nacional y al Ministerio Público para que tomen cartas en el asunto.
DELITOS CONEXOS
Por otra parte, William Zabarburu, asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos del Congreso, recordó que la minería ilegal está ligada a delitos conexos, ya que causa deforestación, narcotráfico, trata de personas y corrupción interna.
«La minería ilegal actúa en varios frente, no solamente en los ríos, sino en los territorios de las comunidades», indicó antes de denunciar que a la zona llegan ciudadanos ecuatorianos que extraen el mineral y luego lo trasladan a su país.
A su turno, la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) Rocío Meza alertó que «la situación en el Cenepa se está desbordando», porque «hay un no cumplimiento de las acciones estatales», así como una «falta de articulación» de esas acciones. EFE
