El derecho ciudadano de elegir y ser elegidos se encuentra garantizado en la Constitución y en los textos fundamentales de los estados democráticos y por los documentos que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como la Declaración de diciembre de 1948 y la Carta Democrática de América que así lo proclaman. En nuestro país, se lo instituyó desde 1830 y luego desde 1978 se lo legisla con su carácter universal, sin limitación ni condición alguna, así se constituye en el instrumento básico de participación ciudadana, en tal medida que este derecho debe ser respetado a plenitud, por eso limitarlo o peor falsificarlo con el fraude, es un delito, sancionado por el rigor de la ley.
Más allá de esta consideración, se debe tener presente que elegir significa decidir el destino de la Nación, y considero a la Nación, como la entidad real, única e histórica de todos quienes hemos nacido en su territorio y de tradición y cultura única y libertaria, que nos identifica como un pueblo con destino definido por la democracia, la justicia y el progreso. Sin dictaduras ni sistemas corruptos o prácticas totalitarias, infames inquisiciones, robo y nefastas actitudes peculiares a las satrapías.
Entonces debemos sufragar, sabiendo que el voto que damos por el binomio presidencial de nuestra preferencia no tiene el precio de una mercancía, sino el VALOR esencial de ser una decisión cívica, es un acto político de suprema significación por el cual decidimos nuestro destino por cuatro años y determinan el futuro de las generaciones que advienen, quien resulta elegido debe gobernar al servicio de los más de 17 millones de ecuatorianos, por su bienestar, educación, salud, desarrollo integral, con libertad y respeto total a los derechos humanos, velando por el cumplimiento de los deberes y obligaciones que debemos honrarlos. Debemos sufragar pensando en el país y su destino. (O)
