Lo que ocurre en la institucionalidad de la Contraloría General del Estado (CGE) en los últimos 14 años viene en función de un “modelo correísta” que no ha respetado la independencia de poderes y los equilibrios fundamentales de la democracia.
Así reflexionaron analistas políticos y juristas ante la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE), de abrir una investigación sobre Pablo Celi, contralor subrogante; Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia de la República; y otras seis personas, y la posterior decisión de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de dictar prisión preventiva por presunta delincuencia organizada por el caso “Las Torres”.
Leonardo Laso, politólogo, dijo que la imagen de la Contraloría está empañada, y recordó que la democracia debe descansar sobre equilibrios y contrapesos, es decir, nadie puede tener el poder absoluto caso contrario se hace efectivo el dicho popular “el poder corrompe”.
En ese sentido habló de la necesidad de la alternancia, y rescató que uno de los elementos fundamentales de la independencia de poderes son los organismos de control que deben actuar con absoluta imparcialidad para poder juzgar, cuestionar y sancionar a quienes no manejan adecuadamente los dineros públicos.
Con este criterio coincidió el jurista Aníbal Zaldumbide, y añadió que lo mismo ocurrió con Carlos Pólit (excontralor) actualmente prófugo de la justicia, y ahora con Celi, casualmente subrogante de Pólit.
Este especialista también consideró que el correísmo ha sido exitoso en tratar de decir que el régimen morenista está alineado a la derecha, pero aclaró que, en esencia, el gobierno actual es una continuación del mismo modelo implementado por Rafael Correa y que además viene de la misma base política. Entre siete y ocho altos funcionarios del Gobierno de Lenín Moreno vienen del correísmo, recordó Zaldumbide.
Alternativas
Leonardo Laso y Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, consideraron que se requiere de una profunda reforma interna que desate e investigue los vínculos con las “mafias incrustadas en los organismos del Estado, y las redes de delincuencia organizada afines con la impunidad como se ha visto en los casos de Pólit y Celi”.
Laso agregó que la posibilidad de que el próximo gobierno que se posesionará el 24 de mayo proponga una consulta para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una alternativa razonable, y argumentó que si este organismo se mantiene podría volver a “manipular” los entes de control.
Genaro Peña, excontralor (2003-2007), calificó de “alarmante” lo ocurrido, incluso después del “grave golpe” y “siniestro” cometido por Pólit. “No se encuentra explicación a esta incertidumbre de un contralor que entró con energía, responsabilidad y que recogió la confianza del doctor Julio César Trujillo; esto nos ha dejado perplejos y desmoralizados, la Contraloría es una institución que hay que rescatarla”.
¿Cómo rescatarla? El exfuncionario se mostró de acuerdo con la posibilidad de eliminar el CPCCS y su competencia para elegir funcionarios a cargo de la administración de los bienes públicos. Pero desechó la idea de que sea la Asamblea la encargada de esta labor y se refirió al riesgo de una politización. Quito.- (SCC)-(I)
