«Me mataron a mi hijo, mi único hijo, que me maten a mí también», denuncia desconsolada la madre del joven Santiago Murillo, muerto en la ciudad colombiana de Ibagué durante las agitadas protestas contra la reforma tributaria del Gobierno en las que han fallecido al menos 16 civiles.
Los desgarradores gritos de la mujer por la muerte de su hijo de 19 años, que recibió un disparo en el pecho el sábado pasado, han tenido eco en toda Colombia, que vive momentos de amarga tensión desde el miércoles, cuando comenzaron las movilizaciones.
Santiago es el rostro más visible de las violaciones de derechos humanos por las que es acusada la Policía de Colombia, responsable, según organizaciones civiles, de atacar a ciudadanos que protestaban de manera pacífica.
«Él estaba llegando a su casa, le faltaban solo dos cuadras», reclama la madre del joven al advertir que, aunque ha recibido amenazas por defender la imagen de Santiago, no permitirá que la Policía «se limpie las manos con la muerte» del joven.
La fuerza pública arrastra múltiples denuncias por la brutalidad y arbitrariedad con la que algunos agentes han actuado, incluso con disparos a quemarropa registrados en videos que circulan en redes sociales.
«Si van a marchar en nombre de mi hijo lo agradezco, pero háganlo en paz, no tomen esto como excusa para hacer vandalismo», clama la madre de Santiago al insistir, en un video publicado por el medio local Ecos del Combeima, que su hijo no hacía parte de las protestas.
SANGRE EN LAS CALLES
El presidente Iván Duque anunció el domingo, después de cuatro días que dejaron además unos 800 heridos, el retiro de la polémica reforma tributaria y solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto.
Sin embargo, para sindicalistas, congresistas y organizaciones sociales el país está pagando a un costo muy alto por la persistencia del Gobierno en su reforma fiscal que no contaba ni siquiera con el apoyo de los partidos afines a la administración.
Las centrales obreras recibieron el retiro de la reforma como un primer triunfo de las protestas, pero exigen que las autoridades aclaren la muerte de otros jóvenes, como Nicolás Guerrero, un artista de 22 años asesinado con un disparo en la cabeza en la madrugada de este lunes en Cali (suroeste).
Su muerte fue vista en directo por miles de personas que seguían una transmisión en vivo en redes sociales. En los hechos, todavía confusos, varias personas acuden a auxiliarlo cuando cae al piso con una hemorragia en la cabeza.
Los testigos del ataque señalan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía por la muerte de Guerrero, lo que elevó la tensión en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.
La muerte enlutó a la familia del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que reveló hoy que la víctima era hijo de un primo suyo y aseguró que ni él ni en los consejos de seguridad en los que ha participado se ha dado la orden de usar armas de fuego para reprimir la protesta.
AL MENOS 16 CIVILES MUERTOS
El baño de sangre en las calles fue confirmado oficialmente este lunes por la Defensoría del Pueblo, que dijo haber documentado la muerte de al menos 16 civiles durante las manifestaciones.
Sin embargo, el número de muertos puede llegar hasta los 27, según han denunciado organizaciones de derechos humanos.
«Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia, 726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos», dijo hoy la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Martha Alfonso.
CRÍTICAS A LA POLICÍA
Por su parte, la ONG Temblores alertó que han sido asesinadas 21 personas, 92 han sido víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y otras 672 han sido detenidas arbitrariamente.
La organización investiga además la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías y ha documentado cuatro denuncias de violencia sexual por los que son señalados miembros de la fuerza pública.
«En este momento se han violentando todos los derechos civiles debido a la orden de militarización que se dio en las ciudades. Hay bastante documentación y videos de cómo la Policía, el Ejercito en algunos lados, y el Esmad han utilizado sus armas», agregó Alfonso.
Sobre esas denuncias, el director de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, aseguró hoy en una rueda de prensa que hay 26 investigaciones preliminares con las que se pretende aclarar las circunstancias de los homicidios y las agresiones físicas, así como determinar si en esos casos los uniformados tuvieron alguna responsabilidad.
La Policía cuenta en sus filas 540 heridos además de la muerte en Soacha, localidad aledaña a Bogotá, del capitán de esa institución Jesús Alberto Solano, que fue asesinado a cuchilladas. EFE
