Una de las buenas noticias que hemos escuchado en estas dos primeras semanas de Gobierno es aquella en la que la Presidencia de la República informaba que el Gobierno no usará las cadenas nacionales de radio y televisión.
Según el decreto del primer mandatario Guillermo Lasso, “las cadenas de radio y televisión solamente se realizarán en casos excepcionales en los que amerita hacer uso de este recurso por necesidad nacional e interés general de temas relacionados con las necesidades colectivas de los ciudadanos y ciudadanas del país”.
La noticia alegra a la mayoría del país, que ha tenido que soportar 14 años de cadenas nacionales en las cuales se infoxicó a la población ecuatoriana con propaganda oficial y publicidad gubernamental ocultas bajo un manto de malas intenciones como torcer, desfigurar, esconder o retardar la información oficial.
Las cadenas nacionales, como parece entenderlas el presidente de la República, solamente deben servir para informar a la gente acerca de hechos de enorme repercusión pública y asuntos que generan mayor interés nacional a base de una política de Estado que tenga como fin comunicar a la sociedad lo que le atañe en su relación con el Régimen.
Las cadenas deberían servir, también, para provocar y motivar que el pueblo razone, reflexione, piense y haga propuestas para que las discutan todos los estamentos de la sociedad.
Se trata de espacios que no deberían ser verticales ni jerárquicos sino, por el contrario, horizontales, pluralistas, democráticos, en los cuales todo ciudadano que desee poner en consideración sus propuestas lo pueda hacer en un marco de pleno respeto a sus ideas.
No obstante, hay gobiernos que no usan las cadenas para eso, sino para copar la conciencia de los ciudadanos y hacerles creer que las cosas son como al régimen le interesa, no como en realidad es.
Los 14 años de “revolución ciudadana” que acaban de terminar son un ejemplo clarísimo.
Según un informe de Fundamedios, la decisión del primer mandatario se debe a los altos gastos en comunicación que han sido muy criticados en los últimos gobiernos. “Uno de los motivos fueron las irregularidades encontradas por la Contraloría del Estado, por ejemplo, en las sabatinas implantadas por el expresidente Correa, para informar de su gestión”.
Durante los diez años del llamado gobierno de la “revolución ciudadana” -puntualiza la ONG- más de 158 días completos fueron dedicados exclusivamente a tratar de imponer la verdad oficial en los medios de comunicación radiales y televisivos a través de cadenas obligatorias en las que todo medio de información debía engancharse. Esos mensajes del Gobierno se tradujeron en 22.841 minutos o 3.792 horas que salieron al aire de manera gratuita en los medios.
Mientras tanto, en el Gobierno de Lenin Moreno, cuyo manejo político se caracterizó por la lentitud de respuestas a las fuertes críticas que sufrió durante todo su mandato de cuatro años, sus estrategas parecieron despertar solamente en los dos últimos meses de su mandato, cuando también se produjo un uso excesivo en las cadenas nacionales con una emisión de 313 programas, que sumaron un total de 814 minutos al aire.
De este tiempo -asegura Fundamedios- se emplearon 442 minutos para informar sobre el tema de vacunación, con 103 cadenas; las cadenas para informar los planes sociales y acciones del Gobierno ocuparon 127 minutos, con 61 apariciones; para informar sobre el estado de Excepción por la Pandemia de la Covid-19 se ocuparon 70 minutos con la publicación de 111 enlaces y para comunicar sobre el proceso electoral se ocuparon 53 minutos con un total de 36 cadenas.
Los temas parecerían los adecuados, pero, ¿qué hace que los ciudadanos lleguen a rechazar y cansarse de las cadenas nacionales? Sin duda, que son producidas por funcionarios pertenecientes a gobiernos en los cuales la gente no cree o, al menos, sobre los cuales los ciudadanos dudan. O que las hacen funcionarios militantes que contratan agencias de publicidad también militantes. Pedirles objetividad a estas instancias sería inútil.
Así, la falta de transparencia informativa -que se une a otras debilidades en la transparencia y en el uso de los recursos del Estado- hace que una cadena impuesta en la hora prime constituya un estorbo para el descanso del ciudadano o se convierta en un momento de malestar cuando los usuarios de los medios se hallan mirando u escuchando sus programas favoritos.
Esa es uno de los grandes errores que cometen los gobiernos de turno: resulta contraproducente obligar al público a que mire o escuche contenidos que generan malestar, incredulidad, sospechas de que algo se esconde detrás de la supuesta perfección de las gestiones de los mandatarios o de los presuntos beneficios que se entregan a la población.
En 14 años de cadenas nacionales, uno de los asuntos más preocupantes fue, siempre, que el Gobierno de turno imponía una estrategia del silencio y de falta de autocrítica como una manera de atropellar a los ciudadanos con información irrelevante, repetitiva y proselitista.
En el libro Luz, cámara, ¡gobiernen!, Martín Dinatale y Alejandra Gallo explican que no se trata de ser distantes, parcos y fríos en la estrategia de comunicar al ciudadano, sino de profesionalizar las vocerías para mejorar la relación entre la prensa y el Gobierno y ayudar a transparentar la actividad presidencial.
“No es una tarea sencilla -dicen- porque siempre la vocería está sujeta a los intereses y deseos de los presidentes de turno. Pero sería loable que cada Estado cuente con un staff permanente y profesional para brindar una información más directa y eficaz al periodismo. Sin esta profesionalización de las vocerías, la comunicación presidencial seguirá atada a los humores y personalidades de los presidentes”.
La mejor propuesta para mejorar la relación entre gobierno y prensa -explican- no es más que la de hacer periodismo serio y profesional. Si no se hace periodismo como en los viejos tiempos, difícilmente se puede ejercer un vínculo maduro y serio con la política.
Como muestran las cifras, algunos políticos llegaron al poder y olvidaron algunas de sus obligaciones básicas, entre ellas la de comunicar con transparencia. Su relación con los medios y los periodistas debe ser abierta y clara y si solicitan la ayuda de la prensa para informar deben hacerlo con respeto y veracidad sobre los hechos, nunca para agraviar a nadie.
Por el contrario, las relaciones entre los periodistas y el Gobierno deben ser limpias y tienen que servir para orientar, para informar, para concientizar a la población, para crear espacios de debate social sobre los grandes temas que interesan al país, para reflexionar sobre los problemas más importantes que preocupan a los ciudadanos, para responder sin eufemismos la información que la gente demanda y para que el mandatario y sus equipos estén siempre abiertos a comunicar.
El fin de las cadenas nacionales abre las puertas a interacciones mucho más amplias entre comunicadores gubernamentales y periodistas de los medios, a deliberaciones democráticas, a escuchar y plantear maneras de que tanto el Gobierno como los periodistas de los medios puedan trabajar en función de la sociedad sin que esta unidad implique compromisos o relaciones que vayan más allá de lo profesional.
Como proponen en su libro los periodistas Dinatale y Gallo, ¿qué nos cuesta, a gobernantes y a conductores de la opinión, luchar juntos por entregar contenidos que formen ciudadanos críticos, informados y participativos dentro de la sociedad?
