Tras iniciarse en su contra una investigación de Fiscalía por arrogación de funciones, finalmente Valentina Zárate renunció ayer al cargo de subcontralora, con lo cual la Contraloría entró oficialmente en acefalía, pues quien sigue siendo su autoridad máxima, Pablo Celi, se encuentra detenido acusado del delito de delincuencia organizada, lo cual le impide el ejercer el cargo, al que tampoco quiere renunciar.
Según explicó el constitucionalista Stalin Raza, las instancias inferiores de la Contraloría seguirán funcionando, pero mientras Celi se encuentre detenido, no habrá quien despache como contralor, debido a que, según el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas detenidas no pueden ingresar aparatos electrónicos a los centros de detención, con lo que no podría emitir ni recibir información, ni tampoco firmar electrónicamente.
Aunque lo señala como inaudito y vergonzoso, para el constitucionalista Ismael Quintana la única solución inmediata a este problema es que el propio Celi, desde la prisión, nombre un nuevo subcontralor y posteriormente le encargue su puesto, pues ni la Asamblea Nacional, ni el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) han iniciado ni el juicio político, ni el concurso para reemplazar al Contralor.
“El juicio político al contralor debería ser una prioridad para la Asamblea, que actúa con paciencia ante un problema grave, como que una institución que debería estar luchando contra la corrupción se quede sin su autoridad”, afirmó Quintana.
Sin embargo, aunque señala que existen opciones constitucionales para que el CPCCS designe un nuevo contralor, el jurista acepta que en este caso el error lo cometieron quienes integraron el CPCCS Transitorio, los cuales le ratificaron en el cargo a Celi hasta el 2022, y de la Corte Constitucional, que blindó las actuaciones del Transitorio, impidiendo que tanto esta autoridad como Freddy Carrión sean sustituidos.
“Las soluciones que existen son que Celi renuncie, lo cual no va a hacer; que la Asamblea lo destituya a través de un juicio político; o que el CPCCS simplemente cumpla lo que dice el artículo 205 de la Constitución, que señala que tras la destitución de una autoridad se debe nombrar una nueva, eso pasó en el 2017, con Carlos Pólit, así que en realidad la Contraloría está en acefalía desde ese año, jamás se debió ratificar a Celi, él era un subrogante”, puntualizó el experto.
Al Cpccs incluso está impedido de nombrar un encargado temporal, una propuesta de este tipo fue truncada ante el pronunciamiento del procurador Íñigo Salvador, quien calificó como legal la subrogación por parte de Valentina Zárate; ahora que la funcionaria ha dejado el cargo de forma voluntaria, resta por conocer qué se opina al respecto en la Procuraduría.
Mientras, ayer en la Corte Nacional de Justicia se analizó el tercer intento de Celi por defenderse en libertad, se trata de un pedido de revocatoria de la orden de prisión preventiva; cuyo fallo será leído mañana, en la reinstalación de la audiencia por parte del juez Felipe Córdova. (I)
