Los familiares de los dirigentes políticos opositores detenidos en Nicaragua reclamaron este jueves su derecho a visitar y conocer las condiciones en las que se encuentran sus parientes, debido a que hasta ahora el Gobierno que preside el sandinista Ortega no se lo ha permitido.
«No sabemos la condición de salud de nuestros presos, porque no tenemos acceso a ellos, no nos han dejado verlos, no han dejado que nuestros abogados los vean», afirmó la esposa del precandidato a la Presidencia por la opositora Alianza Ciudadana por la Libertad, Juan Sebastián Chamorro, Victoria Cárdenas, en teleconferencia de prensa.
«¿Cómo está la salud de mi esposo?, ¿cómo se encuentra él?, ¿dónde está él?, yo no lo podría decir, porque el Gobierno no me lo ha informado», aseguró.
Al menos 19 personas han sido encarceladas en Nicaragua en los últimos 22 días como parte de una ola de arrestos en la que han sido detenidos cinco aspirantes a la Presidencia, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro dirigentes opositoras, una ex primera dama, un cronista deportivo y dos extrabajadores de una ONG.
Familiares de 15 de los 19 detenidos, quienes los consideran «rehenes de Ortega» y los clasifican como «desaparecidos», dijeron que si las autoridades no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos dentro de las cárceles, deben asegurarlos para quienes están fuera.
«Nos preocupa muchísimo la salud de nuestros detenidos. No tenemos noticias fidedignas de ellos. La preocupación se va convirtiendo en angustia, no podemos verlos, esos derechos nos han sido conculcados», dijo la esposa del exvicecanciller José Pallais, Gilma Herdocia.
VIOLAN DERECHO DE LA NIÑEZ
Los familiares denunciaron que el Gobierno nicaragüense atenta incluso contra los derechos de los hijos de los detenidos, tanto por «meterlos presos injustamente», como por no permitir que los vean en los días de visita.
«Hay madres en la cárcel que tienen hijos (pequeños), es una violación completa a los derechos de la niñez; y el Estado, en vez de ser el principal garante, es el principal volador de los derechos de las niñas y niños«, señaló Josefina Dávila, hermana de la convicta Tamara Dávila, cuya hija de cinco años insiste en preguntar por qué su mamá no vuelve a casa.
Los familiares aseguraron que la Policía no aceptó que cartas, tarjetas y dibujos elaborados por los hijos fueran entregadas a sus padres ayer, cuando Nicaragua celebró el Día del Padre.
Los mensajes, así como los alimentos, fueron llevados a la sede policial donde los familiares presumen que están los líderes opositores, conocida como «El Chipote», en el sur de Managua, que ha sido denunciada como centro de torturas por organismos defensores de los derechos humanos.
«Apelamos al más básico sentido de humanidad de parte de la Policía y las autoridades carcelarias, incluyendo el derecho a comunicarnos con ellos, y la certeza de conocer las condiciones en las que se encuentran», dijeron los familiares, en una declaración conjunta.
En la víspera, Ortega calificó de «agentes de Estados Unidos» y de «criminales» a los líderes opositores detenidos, y rechazó la posibilidad de liberarlos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el miércoles una «intensificación» del estado de excepción de facto en Nicaragua, de cara a los comicios del 7 noviembre próximo.
En dichas elecciones Ortega, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, e inició una segunda etapa en 2007, se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política de Nicaragua.EFE
