Aumenta el debate y el descontento por la vigencia de la Ordenanza de Control para el Suelo Urbano y Suelo Rural de Expansión Urbana de Cuenca.
Y es que este cuerpo legal establece multas incluso de hasta 40.000 dólares para quienes hagan construcciones sin el permiso del Municipio de Cuenca, lo que ha sido cuestionado por algunos sectores.
Esta normativa, tras dos años de debates, fue aprobada el 23 de abril de 2021 por el Concejo Cantonal de Cuenca y entró en vigencia el último 23 de junio.
Desde entonces profesionales en varias áreas, especialmente abogados, arquitectos y corredores de bienes raíces, se han pronunciado en contra de esta reglamentación, que tiene 63 artículos.
Para Juan Bustillos, ingeniero civil y expresidente de la Federación de Barrios de Cuenca (FBC), esta norma tiene errores de forma y de fondo, que confunden y dificulta su interpretación.
Otras normas
De acuerdo con Bustillos, los ediles deben aprobar en septiembre de este año el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) e igualmente el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).
Estas son normativas básicas para determinar con claridad los nuevos usos y la ocupación del suelo que se pueden dar dentro de toda la jurisdicción de este cantón.
En un documento que difundió Bustillos en cuanto a un análisis de la nueva ordenanza consta que: “se crea una nueva dependencia en el Municipio de Cuenca, que tiene el nombre de Unidad Administrativa Sancionadora”.
Esto “de acuerdo a lo que señala la disposición transitoria segunda, pero no se dice el número de empleados que van a requerir y los sueldos que van a percibir, más burocracia en esta época de crisis…”.
Figura también: “la función primordial de un municipio es la de planificar antes que sancionar, y esto ha venido sucediendo a lo largo de la historia reciente, con autoridades improvisadas, que desconocen la realidad local”.
Criterio
Para Juan Carlos Machado, abogado y asesor en desarrollo urbanístico, la nueva ordenanza tiene sanciones desproporcionadas, lo que es ilegal, pues debe respetarse el principio constitucional de proporcionalidad.
“Con lo que se aprobó literalmente se atenta y se vulnera el principio de proporcionalidad que está en la Constitución del Ecuador y que se tiene que observar a la hora de aplicar una sanción…”, indicó.
Acotó: “por otra parte el municipio tiene que confirmar que esta ordenanza fue bien socializada con todos los sectores implicados, bien informada, eso también es un principio básico en estos temas…”.
Sanciones
Para Carlos Orellana, exconcejal de Cuenca, la Ordenanza de Control para el Suelo Urbano, Suelo Rural y Suelo Rural de Expansión Urbana de Cuenca es “abusiva y discriminatoria con los habitantes de las parroquias rurales”.
“Las multas que se establecen son exageradas y terminarán afectando a los más pobres, parece más sencillo multar que planificar y educar…”, dijo el exedil, que fue representante rural en el Concejo Cantonal de Cuenca.
“Para nadie es desconocido que la planificación siempre llega tarde como una imposición, más que como el resultado de una construcción colectiva…”; sostuvo.
Y acotó: “no parece posible entonces, que una herramienta tan importante pueda lograr los objetivos comunes de tener una mejor ciudad. La ciudad de papel es diferente a la existente”.
A decir de Orellana, la Constitución de la Republica del Ecuador señala que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.
Justicia
A criterio de Orellana la distribución equitativa de cargas y beneficios es un principio rector del ordenamiento territorial; sin embargo, esto no sucede con el territorio rural.
“Todas las cargas están en la ruralidad, equipamientos como: el relleno sanitario, lagunas de oxidación, reservas de suelo para parques industriales, camal, entre otros”, reflexionó.
Y, además, la responsabilidad del ambiente en la protección y cuidado de las fuentes de agua. Es decir, “son más las prohibiciones que los incentivos que nos toca cargar sobre nuestros hombros”, sostuvo.
“La actual ordenanza desnuda la falta de planificación municipal, genera mayores desigualdades sociales y exclusiones territoriales. Sin socialización, sin participación ciudadana (…)”, declaró. (I)
