La Administración de Justicia en el país, ha sido el centro de atención en los últimos días, debido a la situación jurídica anómala en que se encuentra la Alcaldía de la Ciudad Capital, pero no solo eso, sino a causa de algunas resoluciones que conceden una práctica impunidad a ciudadanos procesados por delitos de corrupción, algo que motiva la protesta de la Fiscal General del Estado.
El denominado “Caso Yunda”, en referencia a la autoridad municipal quiteña que fue destituida mediante un proceso del Concejo Cantonal de esa ciudad, y que recibió el visto bueno del Tribunal Contencioso Electoral, fue simplemente derribado por sendas resoluciones de jueces provinciales de la Capital, lo cual ha provocado realmente estupefacción y la consiguiente repulsa de parte de prestigiosos constitucionalistas.
De hecho, la tristemente célebre “Metida de mano a la Justicia” que practicó el régimen Correísta, y que en la práctica significó la sumisión de la Función Judicial a los antojos y caprichos políticos de aquel régimen, que utilizó a la Justicia, incluso como un instrumento de persecución a los opositores, ha dejado al parecer profundas raíces en el conjunto de la Administración de Justicia, ya que de otra manera no se entiende una serie de fallos y resoluciones altamente sesgados, en favor de elementos acusados de graves delitos de corrupción, y en el caso del destituido alcalde capitalino, quizá debido a entronques políticos irrefutables entre aquel personero y la agrupación que sigue al ex presidente Rafael Correa.
Frente a esta situación deplorable, es hora de que la Administración de Justicia en el país sea depurada, reconociendo evidentemente que no todos, ni mucho menos, de los operadores de Justicia, pueden ser catalogados de malos funcionarios, pero si existe evidentemente un sector de la Justicia que, al parecer, todavía obedece a consignas políticas y de otro tipo, que desnaturalizan la Justicia.
