Frente a la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de no calificar el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, por no cumplir con los Arts. 136 de la Constitución y 56 Núm. 1 de la Ley de la Función Legislativa, el presidente Lasso anunció una batalla democrática para hacer prevalecer el proyecto propuesto.
La batalla anunciada tiene como enemigo imaginario a los supuestos opositores al derecho al trabajo, mientras el gobierno se autoproclama su defensor. Nada más falso. El problema es que no se pueden establecer derechos diferentes para relaciones laborales regidas por el Código del Trabajo, creando un régimen jurídico alternativo, paralelo y contrario a dicho Código. Con la misma lógica podría proponerse un régimen alternativo civil, mercantil o societario.
Entre las batallas que podría escoger el gobierno, estarían la consulta popular, la muerte cruzada, reformular el proyecto de Ley o llegar a un acuerdo sobre el proyecto de Ley.
La consulta popular necesita del dictamen previo de la Corte Constitucional, y ésta no podría dar paso a una consulta que restrinja derechos y garantías constitucionales.
La muerte cruzada no cumple las condiciones de la Constitución ya que la Asamblea Nacional no se ha arrogado funciones, tampoco ha obstruido el Plan de Desarrollo y no existe grave crisis política y conmoción interna.
La vía de reformular el proyecto por sí solo corre el riego de no contar con los votos para la aprobación del proyecto de Ley.
La opción de poner en vigencia el proyecto de Ley luego de cumplir el plazo de 30 días de su recepción sin observar el dictamen del CAL, está fuera del Estado del Derecho.
Dadas las circunstancias, la consulta y la muerte cruzada, solo agravaría la situación y podría destruir a todos los guerreros de la batalla democrática e incluso podría degenerar en otro escenario muy deseado por ciertas fuerzas políticas.
La salida jurídica y democrática es el acuerdo político entre todos los actores involucrados, el gobierno, la función legislativa y sus bloques, delegados de empleadores, el FUT, CONAIE y centrales sindicales, para establecer líneas de consenso, e inclusive, puede ser un paso previo a un acuerdo nacional vista la situación del país al borde del abismo. (O)
