El pleno de la Corte Constitucional (CC) emitió dictamen favorable de constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción establecida en el Decreto Ejecutivo 210, mediante el cual se dispone la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de los Centros de Privación de Libertad.
Sin embargo, la CC determinó que la acción de los militares será constitucional siempre y cuando se circunscriba al perímetro exterior de las cárceles, incluido el primer filtro de ingreso, es decir que no podrán ingresar.
En el dictamen de la Corte, además se recuerda que las medidas que se vayan a adoptar deben considerar que a las personas privadas de libertad les asisten todos los derechos contenidos en la Constitución, y que su tratamiento, por parte del Estado, “no puede perseguir otro propósito que cumplir la promesa constitucional de rehabilitar a la persona y reinsertarla en la sociedad”.
Además, se insistió en que la Presidencia de la República y demás autoridades relacionadas con el tema deben diseñar e implementar, de manera coordinada, soluciones a los problemas estructurales del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, más allá de las medidas extraordinarias propias de un estado de excepción.
El presidente Guillermo Lasso también deberá, una vez concluido el estado de excepción, remitir a la CC el informe sobre las medidas concretas adoptadas para superar la crisis penitenciaria; mientras que la Defensoría del Pueblo tiene que informar si se produjeron violaciones de los derechos constitucionales. (ASM)-(I).
