El Gobernador del Azuay analiza en una entrevista a profundidad con diario El Mercurio temas inherentes a la inseguridad, la situación actual de la cárcel de Turi, el sistema penitenciario y la coyuntura política.
Por: Agustín Reinoso
Según las encuestas difundidas por el INEC y consultoras privadas en el último año, las grandes preocupaciones de los ecuatorianos son temas como la situación económica, lo que implica empleo e incertidumbre de cara al futuro, ahora en menor medida la salud dada la aplicación del plan vacunación, y otro de ellos es la inseguridad. Este aspecto incluso ha tomado mayor relevancia luego de lo que pasó en la cárcel de Turi en febrero y hace unas semanas en la Penitenciaria del Litoral. Aterrizando aquello en la realidad del Azuay, ¿qué diagnóstico ha podido hacer sobre la situación actual de la inseguridad en Cuenca y el Azuay al cabo de estas semanas en el cargo?
Ante todo hay que tener presente de que venimos de un año atípico, con niveles de inseguridad que estuvieron muy por debajo del promedio histórico porque obviamente todos nos manteníamos dentro de nuestros hogares. Ahora, si comparamos con la media o con un promedio previo a la pandemia, la mayoría de índices que nos permiten evaluar los niveles de inseguridad están por debajo del histórico, y en total, más o menos, tendríamos un 26 por ciento menos de incidentes que en tiempos regulares. Por supuesto la comparación no tiene que ser con el pasado ni con otras provincias, porque en efecto también Azuay es una provincia por su población bastante segura en relación a las otras provincias del país. La comparación tiene que ser siempre con lo que tenemos ahora hacia adelante, y eso nos obliga a tomar las medidas de seguridad, lanzar iniciativas, coordinar acciones y articular a las dependencias y a los niveles de Gobierno para garantizar la seguridad de los azuayos.
Según el Observatorio del Consejo de Seguridad Ciudadana los rubros más denunciados en Cuenca entre los meses de enero y junio de este año fueron casos de violencia intrafamiliar, lo que se agudizó durante la pandemia, así como accidentes de tránsito, robo y hurto. ¿Qué lectura tiene de estos datos?
Todos esos ítems, como en el caso de robo y hurto y demás, se mantienen por debajo del promedio histórico a excepción del robo a motocicletas, que debe ser una consecuencia de que en la pandemia se incrementó significativamente el uso de motocicletas por todo el tema de entregas a domicilio. Eso ha hecho que al haber una población más grande de motos exista también una repercusión en los indicadores, pero lo más importante es lo que se señala respecto a la violencia intrafamiliar. El estar hacinados durante un año complejo sin duda acentuó los problemas internos entre las familias y por supuesto la violencia que se da entre sus miembros y particularmente hacia las mujeres, como señalan las estadísticas. En este sentido como Gobernación del Azuay se ha lanzado un plan de seguridad que ya lo estamos empezando a desarrollar y que incluye como objetivo central prevenir, disuadir y controlar. No queremos únicamente generar respuestas a los hechos, sino también ir construyendo bases para paliar de forma estructural los problemas que existen.
Quisiéramos abundar en el tema de la violencia de género. Si bien con la pandemia aquello se ha evidenciado, es algo que ha sucedido siempre. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado ecuatoriano para erradicar o al menos disminuir las cifras de algo que ha sucedido toda la vida?
Durante la pandemia la violencia de género se acrecentó por la forzada convivencia que tuvimos. En los hogares se ha podido registrar un incremento de este tipo de delito, y en algunos casos con consecuencias en femicidios. Creo que la lógica de seguridad es la misma, se tiene que prevenir, disuadir y controlar, y ahí también tiene que haber un respaldo y apoyo directo de la justicia, de la Función Judicial, para que haya las oportunas respuestas y dé las garantías a quienes hagan los testimonios, y sobre todo que haya sanciones oportunas, y desde el Estado a través de las diferentes secretarías que están a cargo se pueda seguir con procesos de educación, de prevención, pero también tiene que ser un trabajo coordinado con la justicia, que es la que impone las penas al final del día.
¿Qué tanto influye en la percepción de inseguridad en Cuenca la presencia de la Cárcel de Turi, más aún tomando en cuenta la matanza del pasado febrero que dejó 34 fallecidos?
Sin duda es un elemento negativo dentro de nuestra convivencia diaria, eso lo sabemos y no hay como ocultarlo. En realidad todos conocemos cuál fue el espíritu original del CRS Turi, todos tenemos presente, o al menos ese es el posicionamiento que está en la ciudad, de que era una cárcel de alcance regional. Con el tiempo y sus necesidades el propósito original ha ido mutando hacia lo que es ahora, una cárcel que alberga PPLs de todo el país y todos los niveles de peligrosidad, eso no hay cómo ocultarlo. Y más aún la percepción negativa hacia este espacio se da por los acontecimientos relativamente recientes de febrero y que causaron conmoción en todo el país y a nivel internacional incluso. La gestión tiene que ir hacia recuperar ese espíritu original, sin duda. Este rato estamos dentro de un estado de excepción para los centros penitenciarios con el propósito de precautelar y respetar los derechos humanos de los privados de la libertad y garantizar la seguridad a la interna, y para ello estamos llevando a cabo algunas acciones. Por un lado estamos con un doble cerco militar y policial en el perímetro del CRS para cualquier contingencia. Continuamente estamos realizando simulacros de todo tipo, requisas en el CDP. También están activadas las alertas en su nivel máximo y se ha podido medir y evaluar los tiempos de respuesta cuando se han hecho los simulacros, en qué tiempo se puede disponer de todas las fuerzas policiales que están asignadas para ello, la respuesta que tienen las Fuerzas Armadas, la respuesta a nivel de la interna de los ASP (Agentes de Seguridad Penitenciaria). También estamos con la alerta máxima con el personal de los guías penitenciarios, el grupo especial de operaciones, en general de la Unidad de Mantenimiento del orden.
¿Y en qué medida influye la presencia de la cárcel de Turi en la inseguridad que existe en las calles de Cuenca?
No tengo evidencia empírica que pueda demostrar que esta variable provoca un incremento de otra variable. Hay mucha especulación al respecto. Escuché el otro día a un concejal que dijo que tenía datos, no me ha hecho llegar, tampoco es que ha habido el espacio, pero es un tema incómodo. Por supuesto la aspiración de todos es que se recupere su espíritu original, pero por lo pronto dentro de este estado de excepción creo que va a ser importante que finalmente se pueda tener un plan a corto y largo plazo para ir realizando las mejoras que requiera el centro penitenciario.
El Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), en la voz de su director Bolívar Garzón y del mismo presidente Lasso, reconocieron que la cifra de al menos 118 muertos en la masacre de hace unas semanas en Guayaquil es producto de la lucha de grupos delincuenciales en la búsqueda del poder interno. Sabemos que en Ecuador está el narcotráfico internacional. ¿En la cárcel de Turi también existe esta lucha de grupos delincuenciales, allí también están estas mafias?
No puedo ahondar mucho por temas de natural sigilo y de prudencia respecto al tema, pero no tenemos grupos de PPLs en conflicto de forma general. Lo que ha ocurrido en otras cárceles, como bien señala, diferentes bandas organizadas luchan por mantener o captar más cuotas de poder dentro del mismo sistema. En este caso en Turi no tenemos grupos que estén en conflicto, y por ese lado también se ha mantenido todo tranquilo.
¿Qué tanto puede haber influido en la crisis carcelaria la eliminación del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y de la Escuela de Agentes Penitenciarios de El Oro?
No conozco a la interna cómo funcionaba el Gobierno anterior, yo estoy desde que empezó el presidente Lasso, y de hecho hace poco por la transición que hubo con el Gobernador anterior. Hay voces externas que señalan que se debería recuperar el Ministerio de Justicia, otras que no. Yo creo que mientras las subsecretarías y los procesos estén bien afinados se va a poder avanzar bien en el cumplimiento de los objetivos, y sobre todo esperando que existan los recursos.
El presidente Lasso dijo en julio que no dará tregua a las mafias que controlan las cárceles y habrá mano dura, pero semanas después sucedió la masacre de Guayaquil. No sé si en vez de poner mano dura más bien se le fue de las manos el control de la cárceles, acaso por lo que está sucediendo en el tema político con la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué esas declaraciones y al cabo de unas semanas esta masacre histórica que ha quedado en los anales de las masacres dentro de las cárceles sudamericanas?
Como sabemos esto no es algo reciente. Lo ocurrido en la cárcel de Guayaquil no puede ser en ningún caso algo que se gestó en unos pocos meses, es algo que se ha ido estructurando desde hace mucho. En gobiernos anteriores se entregaron territorios claves al narcotráfico, deliberadamente territorios de Manabí y Santa Elena. Tanto en el gobierno de Correa y Moreno se entregaron las cárceles a las mafias y desde ahí empezó toda la construcción de estas redes que están a la interna, bien sea de forma deliberada o simplemente por omisión. También de forma general, a nivel país, hemos dejado de ser un país de tránsito de la droga y ahora también somos consumidores. Muchos niños y jóvenes también a consecuencia de estas actitudes están en este momento inmiscuidos en ese tema. Pero hay que encontrar los caminos, tomar decisiones duras, pero actuando de forma inteligente para encontrar una salida. No es suficiente echar la culpa, sino trazar un plan que permita en el corto plazo tener medidas que garanticen la seguridad y eviten que siga escalando el conflicto.
Hay un debate mundial sobre la legalización del consumo medicinal y recreacional del cannabis, como se hizo en Uruguay y en México, éste país como bien sabemos castigadísimo por el narcotráfico, como una forma también de combatir el crimen organizado y en efecto la violencia. El mundo debate sobre la necesidad de crear medidas profundas y estructurales respecto a la transformación de los sistemas penitenciarios. ¿Qué piensa de la posibilidad de legalizar las drogas progresivamente o qué otras medidas tomaría para encontrar una transformación de los sistemas penitenciarios?
Se va a proponer una reforma para eliminar la tabla de drogas. La iniciativa y la posición del Gobierno es limitar el negocio ilegal del microtráfico de drogas o criminalizar las adicciones a partir de proponer una reforma para eliminar esa tabla de consumo de drogas. La visión del Gobierno es proteger el futuro de los niños y jóvenes.
¿Pero qué piensa de la posibilidad de legalizar el cannabis en Ecuador como lo han hecho gobiernos como Uruguay, México y Canadá?
No es la posición del Gobierno del presidente Lasso. Más bien se considera que la tabla de consumo de drogas ha promovido el microtráfico tanto en escuelas como en colegios del Ecuador, y lo que se pretende es buscar otros mecanismos para paliar las adicciones a través del deporte, el acceso a la educación y el fomento del arte y la cultura, de espacios alternativos que permitan a los niños y jóvenes alejarse de las drogas.
El primer paso para la reactivación económica fue un éxito con el plan de vacunación que ha permitido generar empleo, dinamizar la economía, reactivar varios sectores; sin embargo, la consumación total de esta reactivación se ha estancado luego de que el CAL tomara la resolución de no calificar para debate el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. ¿Qué tanto está estancando la reactivación la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo?
La confianza y la libertad son los elementos indispensables para que se pueda generar la reactivación, porque solo con un clima de confianza un empresario puede invertir a largo plazo y generar un nuevo negocio, pero sin duda un puntal importante es el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. Creo que el CAL asumió competencias que no le correspondían al evaluar la constitucionalidad o no del proyecto y no era la labor que le correspondía. Y de hecho ha dado la razón a la larga más bien generando una suerte de sugerencias, de recomendaciones de forma en las cuales atendidas por el Gobierno se procurará desde el Ejecutivo presentar en diferentes cuerpos normativos este proyecto; se presentará por un lado una dimensión tributaria, una dimensión laboral y a futuro la dimensión de inversiones.
Según el artículo 148 de la Constitución el Presidente puede disolver la Asamblea por tres causales, y el que usted refiere es uno de ellos, así como cuando existe una obstrucción reiterada del Plan Nacional de Desarrollo y si hay una grave crisis política o conmoción a nivel nacional. Todo eso ha generado el debate y se ha hablado mucho sobre la posibilidad de la muerte cruzada. ¿Qué tan saludable sería para la democracia llegar hasta este punto extremo y aplicar la muerte cruzada?
Hay que ver cómo responde la Asamblea. La intención del Gobierno es lograr que esos siete de cada diez ecuatorianos que este momento no cuentan con un empleo adecuado encuentren una oportunidad. Las leyes están para ser discutidas, evaluadas, alimentadas, corregidas, eso es lo saludable. Si se puede modificar algo, qué bien, pero recordemos que no solo la gobernabilidad está dada por votos en la Asamblea, sino también en la interacción favorable, directa y positiva con los sectores organizados de la sociedad civil, con los medios de comunicación, con los niveles de Gobierno. Si este momento queremos pasar una Ley laboral, hay que preguntarles también a quienes no tienen empleo (…) tienen que ser parte de la discusión los que no tienen empleo. Por supuesto también tienen que estar los sectores organizados, los gremios laborales, los empleadores, las cámaras, las federaciones, asociaciones y demás, pero todos, y que se abra la discusión, y no únicamente desde el escritorio decir “no vale” porque simplemente estoy en una posición contraria al Gobierno y no quiero darle paso. Si es que se da esa discusión, enhorabuena, y si es que no, también hay otros mecanismos u otros caminos garantizados en la Constitución como la muerte cruzada.
¿Pero aquello sería sano para nuestra democracia?
El camino más directo, más rápido, sería que haya una discusión positiva dentro de la Asamblea, que se mejore, que se arregle, que se corrija lo que hay que corregir y finalmente salir con una normativa que permita oportunidades de trabajo, de empleo, pero sino hay que encontrar otros caminos que garantizan la Constitución. Más allá de la conspiración política, se debe dar una oportunidad más a la Asamblea antes de llegar a la muerte cruzada. El jefe de Estado debe actuar con tolerancia ante la intolerancia.
¿Qué tanto puede haber afectado a la popularidad del Presidente el tema de los Pandora Papers y la eliminación de ciertos subsidios a los combustibles?
La Asamblea busca desprestigiar al Presidente, es un camino que ha encontrado para mover el discurso hacia otra lógica. Nada se ha dicho que ya en este lapso corto se han generado 200.000 nuevos empleos de calidad en tan solo cuatro meses. Lo único que se ha propuesto de la Asamblea ha sido buscar la destitución. Los ciudadanos, los ecuatorianos, están cansados de esta vieja forma de hacer política, del chantaje, “te dejas dominar o te destituyo”, y esa política hoy está representada en la alianza de Iza, Nebot y Correa, que están unidos de forma sincronizada contra esta propuesta de cambio. El presidente Lasso ha anunciado que se someterá ante cualquier comisión de la Asamblea Nacional, incluso ha pedido al Contralor General del Estado que revise sus declaraciones patrimoniales. De la misma manera la información del SRI es pública, ha pagado a nivel personal y empresarial más de 588 millones de dólares en impuestos durante estos 15 años. Lo que es cuestionable es que políticos que ganan lo que ganan no paguen más de lo correspondiente en impuestos. (I)
