El Ejecutivo y el Legislativo están nuevamente enfrentados. Esta vez el causante del “impasse” es el informe aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la supuesta vinculación del presidente Guillermo Lasso con inversiones en paraísos fiscales, investigación denominada Pandora Papers.
Dicho informe ha recibido duras críticas, no solo del Ejecutivo, sino incluso de bancadas legislativas opositoras al Régimen.
Es que se han detectado inconsistencias de forma, como un sinnúmero de faltas ortográficas; y de fondo, pues estaría plagado de supuestos que no lograron ser confirmados en la Comisión y que se pide al Pleno investigar.
Las irregularidades detectadas en el informe provocaron incluso un remezón en Pachakutik; pues uno de sus integrantes, el asambleísta Edgar Quezada, quien inicialmente votó a favor del documento, denunció que este fue modificado a último minuto para incluirle la supuesta “conmoción social” que habría provocado el primer mandatario, con lo cual no estuvo de acuerdo, y por eso, en la reconsideración, se abstuvo.
Mientras, en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), integrada por CREO y sus aliados, con Juan Fernando Flores a la cabeza, salió ayer al paso para defender a Lasso, “a la democracia y la institucionalidad”.
Además, apuntar directamente al bloque correísta de UNES y a una fracción de Pachakutik por intentar destituir al presidente con base a este informe, por lo cual anunció acciones legales en contra de los legisladores de oposición.
“No solo con un informe, que trata de demostrar algo que ni ellos mismo pudieron demostrar, sino que además pasaron pocos minutos desde la aprobación del informe y con un video, ya pregrabado, se hablaba de que el presidente la República debe colocarse a un lado, y el interlocutor de este discurso no es nada más que Rafael Correa, quien es un prófugo de la justicia”, puntualizó Flores.
Informe de minoría
Junto con el informe de mayoría, aprobado por los bloques de UNES y Pachakutik, el asambleísta Virgilio Saquicela (BAN) presentó uno de minoría, en el cual se recomienda al Pleno el archivo del proceso.
El de minoría señala que no existen pruebas de que el presidente Lasso, al momento de inscribir su candidatura y actualmente, posea bienes o inversiones en paraísos fiscales.
Además, se puntualiza que el caso solo podía ser investigado por la Comisión de Fiscalización y no por la de Garantías Constitucionales.
Según el asambleísta Fernando Flores, contarían con los 70 votos necesarios para aprobar dicho informe de minoría, pues abiertamente los bloques de la Izquierda Democrática (ID), el Partido Social Cristiano (PSC) y una mayoría de Pachakutik, les habrían manifestado su apoyo.
Por parte de la ID, Yeseña Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea, confirmó que no darán sus votos para el informe de mayoría, pues no están dispuestos “a apoyar la desestabilización y el caos”.
En el PSC, a través de un comunicado, se pronunciaron en la misma línea, pese al distanciamiento con el Gobierno, con el que llegaron juntos al poder; no están dispuestos a apoyar “la destitución de un presidente de la República, al margen de la Constitución y la ley”.
Informe sin sustento
Para el constitucionalista André Benavides, el informe de mayoría aprobado en la Comisión de Garantías Constitucionales “es un insulto a la inteligencia y al desarrollo del Derecho Constitucional en Ecuador”; pues dispone causales de destitución del presidente de la República que no existen.
Benavides puntualizó que el artículo 129 de la Constitución establece claramente que un primer mandatario solo puede ser destituido por tres causales: por delitos contra la seguridad del Estado; por incurrir en concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; por genocidio o tortura.
El abogado en Derecho Tributario, Napoleón Santamaría, dijo que los legisladores de UNES y Pachakutik incluso estarían incurriendo en el delito de calumnia, pues acusan en su informe al presidente Guillermo Lasso, al Banco de Guayaquil y sus socios, de haber realizado “una planeación tributaria” de difuminación de gastos, dividiendo al consorcio en varias empresas, lo cual, según el experto, no es ilegal.
Además, se señala al mandatario por pagar una gran cantidad de impuestos, el 34,48% en promedio cada año desde el 2011, como una estrategia para proteger al Banco, que habría pagado solo 3.24%, monto que, para Santamaría es tan positivo en una empresa que incluso por eso se le exonera del pago de precios de transferencia. (ASM)-(I). Quito.
