En la Asamblea, al no tratar temas nacionales con la responsabilidad que se debe, excusándose en explicaciones absurdas, al evitar asumir decisiones importantes, escondiéndose en su sombra, han dejado pasar por el imperio de la ley prevista en la Constitución, la ley tributaria propuesta como económica urgente, por el Ejecutivo, que se impone como decreto ley, mientras las bancadas en su mayoría han dicho públicamente que no están de acuerdo, rasgándose las vestiduras de no afectar al pueblo. Ha pasado un mes sin que se niegue, modifique o apruebe el texto de la propuesta.
¿Qué pasará con la aplicación de la ley económica urgente, a quiénes favorece y a quiénes perjudica, se encarece la vida más de lo que percibimos, la clase media seguirá siendo esquilmada? Será el tiempo que muestre sus bondades o sus defectos. Mientras el poblado común sigue en búsqueda de su peculio con esfuerzos para integrarse en el modelo económico nacional, que sigue desplegándose en un contexto pernicioso de violencia y destrucción. La corrupción tan campante, por cuanto no se terminan de despachar las denuncias y se presentan otras de manera constante, que se archivan al ritmo de un poder judicial anquilosado.
Esperemos que los recursos que recauden con la ley sirvan finalmente para atender los servicios elementales para la gente común, como en los bienes de salud que muestran falencias en su dotación de insumos, equipamiento, personal y medicamentos, es hora de ir poniéndose al día en su atención. En educación hay que arreglar los establecimientos para recibir nuevamente al contingente estudiantil, dotar de materiales y docentes, y los elementos sustanciales para mantener el distanciamiento con medidas higiénicas sanitarias, que vemos no se han tomado en consideración todavía. Y la inseguridad ciudadana que ya no se puede esconder con repercusiones de inconcebibles consecuencias, que han puesto al Ecuador con una fama de país enredado en el crimen organizado. Favor trabajar de manera constante y responsable para superar estos difíciles trances que muestran serias omisiones, no solo de la Asamblea sino de igual forma del Ejecutivo y Judicial. (O)
