El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada esta semana, calificada como un paso «histórico» en la conquista de derechos sociales y celebrada transversalmente en todo el país.
«Este es un día para celebrar, es un día histórico. Esta ley significa un paso adelante hacia una sociedad más libre, más tolerante, más justa», afirmó el mandatario desde La Moneda, sede de Gobierno.
Con esta norma, agregó, todas las personas podrán «vivir el amor, contraer matrimonio y formar una familia con toda la protección legal que necesitan y merecen».
El Congreso dio luz verde, el pasado martes, a un proyecto de ley que llevaba más de cuatro años en discusión que permite casarse a dos personas del mismo sexo y que garantiza sus derechos filiativos, es decir, el reconocimiento legal de los hijos en común.
Con esta decisión, Chile se convirtió en el octavo país de Latinoamérica en aprobar este derecho después de Costa Rica, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y varios estados de México.
«Mi mirada en el pasado fue distinta —reconoció Piñera—, pero, así como es importante actuar con convicción, también lo es poder evolucionar y desarrollar nuevas perspectivas».
En un giro sorpresivo de acontecimientos, el mandatario dijo en junio pasado que había «llegado el tiempo» de aprobar esta norma, originalmente impulsada de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), e instruyó al Parlamento que lo discutiera con urgencia.
En seis meses, el Congreso despachó la norma, que esta semana obtuvo un amplio respaldo en ambas cámaras con el rotundo apoyo de la oposición (izquierda) y de los sectores más moderados del oficialismo (centro-derecha).
El mandatario también agradeció el rol que han tenido las plataformas LGTBI, que este año han empujado para lograr su aprobación pese a las reticencias de los parlamentarios más conservadores que lograron que se alargara al máximo la discusión.
Estas organizaciones velaron para que se incluyeran aspectos como eliminar la homosexualidad como causal de divorcio culposo, reconocer las uniones contraídas en el extranjero o definir el orden de los apellidos de los hijos.
«Este es un cambio radical que abre la igualdad a todas las familias, mejorando su calidad de vida», afirmó Gonzalo Velásquez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de la organizaciones de la sexodiversidad más activas del país.
Hasta ahora y desde el 2015, las personas homosexuales solo podían unirse bajo la figura legal del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos. EFE
