El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de Perú evaluará este jueves si acepta un hábeas corpus que solicita la nulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto que se otorgó en 2017 al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).
Medios locales informaron que, tras haber discutido esta causa en una sesión privada hace tres semanas, el magistrado Ernesto Blume, ponente del caso, propondrá que se declare fundado el recurso y, por tanto, Fujimori pueda ser liberado nuevamente.
En concreto, el máximo organismo constitucional del país revisará un hábeas corpus interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Además del recurso que se verá este jueves, en el TC existen otros dos más en revisión que piden que se tome la misma medida en favor de Fujimori, quien fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
La Justicia peruana ordenó la nulidad del indulto después de considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.
El indulto incluso está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas voten en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.
Según la información, la decisión sobre el tema mantiene divididos a los integrantes del TC, ya que cuenta con el apoyo de Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, y el rechazo por Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.
El TC peruano, que debe estar conformado por siete miembros, se mantiene desde septiembre del año pasado con seis integrantes, tras la muerte del magistrado Carlos Ramos.
En ese sentido, los medios locales señalaron que Ferrero, por ser el actual presidente del TC, tiene la facultad de emitir un «voto de calidad o voto doble» para romper el empate.
Tras conocerse que este jueves se debatirá el recurso, la bancada de la coalición izquierdista Juntos Por el Perú (JPP) señaló que «liberar a Fujimori sería desconocer los crímenes» por los que fue condenado y los actos de corrupción cometidos durante su régimen.
«El TC tiene el deber de garantizar el derecho a la justicia de todas las víctimas y no puede ser cómplice de un atropello a la dignidad del país», remarcó la agrupación en Twitter.
La también legisladora izquierdista Sigrid Bazán agregó que Fujimori «nunca pidió perdón ni se arrepintió y hasta ahora no ha pagado ni un sol de su reparación civil» al Estado.
«Sin embargo, mañana el TC podría dejar sin efecto el fallo del Poder Judicial que anuló el indulto ilegal y negociado, que le otorgaron por razones políticas y no humanitarias», alertó.
Por su parte, el jurista Carlos Rivera, abogado de defensor de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario, señaló que los magistrados que apoyan la liberación de Fujimori parece que «solo cumplen (una) agenda política y de paso harán el ridículo internacional».
Aseguró, en se sentido, que «si favorecen la libertad del condenado Fujimori» la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) «declarará la invalidez jurídica de esa resolución y volverá a prisión».
«Ya lo hizo una vez», remarcó.
Fujimori, de 83 años, fue dado de alta este lunes tras superar una dolencia cardíaca que obligó a internarlo en una clínica de Lima, aunque seguirá siendo tratado en prisión de una fibrosis pulmonar, según informó en ese momento su hija mayor, Keiko.
Poco después de su internamiento en el centro médico, el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, anunció que el Gobierno del presidente Pedro Castillo iba a evaluar un eventual traslado del exmandatario a una prisión común cuando «se sane» de sus dolencias.
El exgobernante es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de la base policial del distrito de Ate, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años.
En ese lugar cumple una condena como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992. EFE
