La matanza ocurrida en la cárcel de Turi pone nuevamente en entredicho la capacidad del Estado para hacer valer su autoridad, y el primado de las leyes, dentro del sistema penitenciario nacional; una situación que, al mismo tiempo, daría cuenta de que el restablecimiento de la seguridad carcelaria y la promoción de una verdadera política de rehabilitación social no estarían dentro de las prioridades de las políticas públicas.
En efecto, la masacre ocurrida en Turi es la quinta. La primera se dio en el mes de febrero de 2021, en las postrimerías del Gobierno de Lenin Moreno; y, las otras cuatro han ocurrido en menos de un año de la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso (julio, septiembre y noviembre de 2021, y abril de 2022). Si bien, después de cada masacre, las autoridades gubernamentales han dispuesto realizar operativos y han declarado que se tomarán medidas para retomar el control de las cárceles, y para evitar que esos terribles hechos de sangre vuelvan a ocurrir, en la realidad esas medidas no han funcionado o no se han dado; de forma que el papel de los órganos correspondientes del Estado, cuando esos hechos han vuelto a ocurrir, pareciera que ha quedado básicamente en el conteo del número de asesinados.
El problema carcelario no es de ahora, pero nunca ha alcanzado el nivel de violencia actual; razón mayor por la que las autoridades, desde la primera masacre, tenían que ir implementando las medidas necesarias para quitar a las bandas del narcotráfico el control de la cárceles y, sobre todo, para evitar que estas tengan la posibilidad de seguir cometiendo matanzas; situación esta última que podía haber sido factible con sólo evitar, desde las fuerzas de seguridad del Estado, el ingreso de la multiplicidad de armas a los recintos carcelarios.
Pero, la violencia del crimen organizado no sólo ha crecido en las cárceles, sino que esta se ha extendido a los espacios públicos de diversas zonas del país, particularmente a la costa, con el incremento del sicariato y los asesinatos; a lo que se ha unido la violencia de la delincuencia común que, también cobra vidas; todo esto en un ambiente de impunidad y de temor. Urge pues que la seguridad ciudadana se convierta en una prioridad para quienes hoy ejercen el poder estatal. (O)
