Un partido opositor brasileño denunció ante la Fiscalía General la decisión del presidente Jair Bolsonaro de calificar como «secretas» las reuniones que mantuvo con pastores sospechosos de corrupción en el Ministerio de Educación.
La demanda fue presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT, según sus siglas en portugués) y sostiene que el Gobierno ha violado la Ley de Acceso a la Información, en vigor desde 2011.
«El secreto revela la existencia de algo obsceno, que está por detrás de la escena, y ostenta potencial para desvirtuar aspectos de normalidad y publicidad inherentes a la conducción de los asuntos de interés colectivo», alegó el PDT.
La demanda es respuesta a una decisión del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, que declaró «secreto» el contenido de las reuniones que Bolsonaro tuvo en el Palacio de Gobierno con los pastores investigados.
La información había sido solicitada por el diario O Globo, en el marco de la ley de 2011 que impone transparencia a todos los actos de la administración pública.
Este miércoles, tras la calificación de «secretas» asignadas a esas reuniones, un ciudadano le preguntó a Bolsonaro en sus redes sociales el porqué de esa decisión y el mandatario respondió que «dentro de 100 años sabrá», en alusión al período en que, según el Gobierno, esta información deberá permanecer bajo sigilo.
Los pastores evangelistas Gilmar Santos y Arilton Moura, quienes forman parte de la base de apoyo que existe en esas iglesias a la gestión del líder de la ultraderecha, son investigados por asuntos vinculados al Ministerio de Educación.
En marzo pasado, esas sospechas causaron la renuncia del entonces titular de ese despacho, Milton Ribeiro, también pastor de una iglesia presbiteriana y quien dejó el Gobierno acorralado por esas denuncias.
Las sospechas nacieron de un audio obtenido por el diario Folha de Sao Paulo en el que Ribeiro comentaba que los presupuestos del Ministerio de Educación tenían entre sus prioridades los proyectos que impulsan pastores de iglesias pentecostales afines al Gobierno.
«Mi prioridad es atender, primero, a los municipios que más precisan, y segundo, a los amigos del pastor Gilmar», decía Ribeiro, y agregaba que ese era «un pedido especial» del propio «Presidente de la República».
Ribeiro desmintió luego que hubiera recibido algún pedido similar de Bolsonaro, quien antes de su renuncia lo defendió con énfasis, al punto de declarar que pondría «la cara en el fuego» por el ministro.
Las denuncias fueron ratificadas por tres alcaldes de pequeñas ciudades del interior del país, que dijeron ante una comisión del Senado que los pastores Santos y Moura se presentaban como miembros del equipo de Ribeiro y exigían comisiones para liberar recursos del Ministerio de Educación para sus municipios. EFE
