Presidenta del Legislativa usa todos los recursos a su alcance para evitar su posible destitución.
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Guadalupe Llori no está dispuesta a que la remuevan de la presidencia de la Asamblea Nacional, y para evitarlo presentó una segunda acción de protección, esta vez en contra del pedido de investigación que le inició el asambleísta Esteban Torres (PSC) y que fue aceptado a trámite en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La denuncia de la presidenta del Legislativo, por supuestamente violentar sus derechos constitucionales, se hizo en contra del primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Independiente); la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID); y los vocales Darwin Pereira (Pachakutik), Ronny Aleaga (correísta de UNES) y Johanna Moreira (ID).
De esta forma, Llori se contradice; pues en la primera acción constitucional que presentó y en varias de las sesiones del pleno que suspendió para evitar que se conforme la comisión que la iba a investigar, dijo que se oponía estas porque no cumplían con la presentación de la denuncia, como lo establece el artículo 164 de la Ley de la Función Legislativa; pero ahora que la han denunciado, vuelve a acudir a la Justicia para frenar el proceso en su contra.
Esteban Torres calificó a la demanda de Llori como una acción “desesperada” por mantenerse en el cargo, sin importarle si con esto provoca la injerencia de la Justicia en las acciones del Legislativo.
“En la audiencia participaré como parte de la acción de protección, para pedirles a los jueces que desechen la medida, porque es improcedente, como fueron improcedentes las medidas cautelares. La injerencia de la Justicia en la Función Legislativa no puede ser tolerada, ni permitida; porque las decisiones del CAL son legítimas, aunque no le gusten a una persona”, afirmó Torres.
Esta es la tercera acción de Llori ante la Justicia. La semana pasada presentó otra denuncia en contra de los mismos miembros del CAL, a quienes acusó de los delitos de arrogación y usurpación de funciones.
Opciones para removerla
El “abuso” de las medidas legales, en el que consideran que ha caído Llori, ha llevado a los asambleístas a buscar opciones para removerla, no solo de su cargo de presidenta, sino incluso de su curul en la Asamblea.
El problema es que Guadalupe Llori, una vez más ha logrado bloquear la investigación en su contra, al ser la única que puede convocar a la sesión del pleno para tratar la denuncia de Torres y ya ha anticipado que no lo hará. Además, desde hace dos semanas ha convocado solo sesiones inconclusas, pues en una nueva, se podría incluir la investigación en su contra.
Frente a esto, según explicó Mario Ruiz (Pachakutik), la única opción es la autoconvocatoria, para lo cual están negociando para conseguir las 91 firmas necesarias para llamar a sesión de pleno sin la presencia de Llori.
Denuncia contra Llori
El asambleísta Bruno Segovia (ex Pachakutik) también prepara una en contra de Guadalupe Llori ante el Comité de Ética de la Asamblea, contra quien dice tener pruebas de la tramitación de cargos públicos en la provincia de Orellana, de donde es oriunda.
“Me dijo es que puso hasta el último teniente político, lo que hemos podido verificar es que tiene gobernador, jefes políticos, intendentes y funcionarios de las instituciones del Estado. Nosotros tenemos ya los nombres, estamos solicitando la información oficial para presentar la denuncia con las pruebas”, afirmó Segovia.
Según el legislador, fue la propia Llori quien al inicio del período le contó sobre lo que había recibido a cambio del apoyo al Gobierno de Guillermo Lasso, pero fue solo cuando el mandatario denunció a cinco miembros de Pachakutik, por exigirle dinero a cambio de los votos, que se decidió a investigar el caso.
“No hay tramitadores buenos o malos, esa no es función de los asambleístas”, puntualizó Segovia.