El levantamiento de información en el centro de privación de libertad de Turi, en Cuenca, concluyó con el registro de 1.473 internos.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) realizó este censo después de la masacre que ocurrió el domingo 3 de abril de 2022.
El levantamiento de la información tomó seis días y participaron diferentes instituciones, como el Registro Civil, que tomó las huellas digitales y validó la identidad de los internos.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) recabó información de la situación social, familiar y de habitabilidad dentro del centro. Mientras el personal de Criminalística se encargó de la información facial, dactilar e historial.
El gobernador del Azuay, Matías Abad, dio detalles del censo. Dijo que este proceso permitió conocer el estado de la infraestructura e intervenir en los pabellones para adecuarlos en condiciones de habitabilildad.
Al ser consultado por un periodista sobre una fotografía que circula en redes sociales donde se ve una celda amoblada, el gobernador admitió que esta sí existía. Pero no reveló quién la usaba porque «es información que no se puede indicar por protocolos de seguridad penitenciaria».
«Finalmente se ha podido llegar a un proceso de registro y revisión de cada una de las celdas en todos los pabellones. Nos hemos encontrado también con novedades, incidentes, cosas que no deberían ocurrir, pero finalmente creo que esta ha sido la oportunidad para entrar en un proceso que se va a buscar de aquí en adelante homogeneizar el trato a todas las personas privadas de la libertad», afirmó Abad.
El funcionario añadió que se procederá a desmantelar todas las celdas que tengan algún tipo de condición especial. No se permitirá que ningún privado de libertad tendrá beneficios adicionales.
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, explicó que el censo penitenciario debería realizarse una vez cada año, para conocer las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad.
