La violencia criminal incontrolada que vive el país, la crisis de varias instituciones del Estado, el deterioro de servicios públicos y la incapacidad gubernamental para atender diversas demandas sociales, darían cuenta que, si no se toman los correctivos urgentes y necesarios, podríamos asistir en Ecuador a una suerte de Estado fallido; una situación que podría afectar la estabilidad de la propia sociedad.
EL control de las cárceles por las mafias del narcotráfico, y las masacres ocurridas allí en el último año, dan cuenta precisamente de que en dichos lugares las leyes y el poder del Estado fallan. Se trata de una violencia criminal que se ha extendido a las calles de varias ciudades del país y que, junto a la violencia delincuencial, ha conllevado el asesinato de más 1.200 personas en los casi 4 primeros meses de 2022.
Por otro lado, varios hechos denotan un funcionamiento deficiente de varias instituciones del poder estatal, entre los que podemos citar: las pugnas entre la Asamblea y el Ejecutivo, y las declaraciones del Presidente de “gobernar sin tomar en cuenta” al órgano legislativo del Estado; las peleas internas entre los bloques legislativos, exacerbadas por una Presidenta que se aferra al cargo con el apoyo del Ejecutivo; los polémicos dictámenes y resoluciones de las diversas instancias de “poder” Judicial del Estado; la actuación lenta en una casos y rápida en otros, por parte de instituciones como la Fiscalía y la Contraloría; la afectación a la credibilidad de instituciones como la Policía y Fuerzas Armadas, de situaciones como el presunto involucramiento de policías y militares en captadores ilegales de dinero, como la de alias “Don Naza”, asesinado a los pocos días de visitar el Ministerio de Defensa; etc.
Se asiste también a una crisis del sistema hospitalario público, donde escasean medicinas, insumos, médicos y turnos; a un deterioro en los servicios de instituciones como el registro civil y otras entidades públicas; a la falta de recursos para el sistema educativo estatal; a todo lo cual se uniría la falta de acción estatal para controlar problemas como el encarecimiento de los precios de los productos de primera necesidad y para ir paliando problemas sociales como el desempleo, la migración y pobreza. (O)
