A 19 días de cerrarse el registro de organizaciones políticas se avizora una cantidad inusual de partidos y movimientos políticos con miras a participar en los comicios seccionales a efectuarse en febrero de 2023.
A marzo de 2022 están registradas 264 organizaciones políticas. Otras 139 están en proceso de aprobación en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pocos son los partidos y movimientos nacionales, pero abundan en cantones y parroquias.
A costa de favorecer la participación de los “independientes”, el Código de la Democracia permite la proliferación de tales organizaciones en todos los rincones del país.
Expertos en asuntos electorales, más de una vez han advertido sobre el control ineficiente del CNE al momento de calificar a los movimientos; igual las falencias del citado Código.
Tal como están las cosas, con seguridad en las elecciones de 2023 habrá una dispersión de candidaturas. Y sucedió en 2019.
Habrá enormes y confusas papeletas con aspirantes a alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales y para integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
Tal dispersión impide al electorado no solo conocer, debatir las propuestas, sino hasta a los mismos candidatos.
Y en esa lucha dispareja por lo abultada, como ya ha sucedido en varias ciudades y cabeceras cantonales, a veces triunfa el menos pensado.
En tales circunstancias, el ganador no tiene una amplia representatividad popular; tampoco accede, según la dignidad, con un considerable apoyo para cumplir sus ofertas electorales. Debe, por lo tanto, hacer “pactos y componendas”, a veces no transparentes, volviendo ingobernable su gestión.
Los grandes movimientos y partidos, como lo han sugerido analistas políticos, hasta apoyan y “financian” la creación de movimientos a fin de dividir a los electores para provecho propio. Se convierten en sus “satélites”.
Varias organizaciones han planteado reformas al sistema de partidos políticos para, entre otras cosas, evitar tal fragmentación. Por ahora, sin éxito.
