Pese a que en varias ocasiones ha manifestado que “no se aferra al cargo”, ayer Guadalupe Llori pasó de acudir a la Justicia para evitar que la destituyan, a utilizar su potestad de dar órdenes en el interior de la Asamblea Nacional y disponer acciones que obstaculizaron el trabajo de la Comisión Multipartidista que la investiga.
Ayer esa Comisión sesionó para recibir las pruebas a favor y en contra de la acusada.
El primer bloqueo empezó la tarde de jueves, cuando se le negó a la Comisión el uso de los dos salones que solicitó.
Ayer se reunieron en la oficina de la Comisión de Desarrollo Económico, pues el resto de los espacios se cerraron por disposición de Llori. Pidió resguardarlos para el Informe a la Nación a efectuarse el próximo martes, razón por la que también envió al teletrabajo a todos los funcionarios legislativos.
Las dificultades más grandes se vivieron ayer, cuando la escolta legislativa decidió permitir el ingreso a la sede de la Asamblea solo a las personas que fueron autorizadas por María Elena Puetate, administradora general, quien está bajo el mando de Llori. Esta decisión dejó afuera a periodistas e incluso al propio abogado defensor de la presidenta, Francis Abad.
Para que Llori no alegue indefensión por el no ingreso de su abogado, los miembros de la Comisión hicieron varios llamados para que se le permita ingresar, le dieron la opción de conectarse telemáticamente e incluso suspendieron la sesión en dos ocasiones para que ingrese, pero Abad no volvió y la presidenta fue juzgada en rebeldía.
Según Abad, se le impidió el ingreso al palacio legislativo. Sin embargo, según manifestó el asambleísta John Vinueza (independiente), una hora antes de que se instale la sesión, el jurista ya estuvo en el interior de la Asamblea, pero salió. (ASM)-(I)
