La injusticia de la justicia sacude al país y pone en vilo su frágil estabilidad democrática. La alegre concesión, -a velocidad de rayo- de ciertos habeas corpus infectados por la política, desconcierta si se repara que los autores son jueces de las más remotas aldeas de esta patria estremecida por una suerte de fatal oscurantismo. El gobierno no escapa a ese sombrío escenario. Casi todas sus tareas –excepciones de por medio- son cuestionadas. No de otra manera se explica que se haya negociado la “paz” con los capos de las bandas de las cárceles. Cuando ocurren cosas como esas, uno se pregunta: ¿Quién mismo manda en el país? ¿Quién?
De vuelta a la justicia, se hace difícil creer que no se ha metido las manos en ella, cuando se constata que a la señora Llori, presidente de la Asamblea, aliada del gobierno, hoy destituida, a quien se le concedieron varios recursos judiciales que demoraron su destitución, mientras que, en el caso del presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela, (a quien Lasso cuestionó burdamente) su suspensión ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién metió las manos?
La suspensión de Saquicela, recuerda al siniestro régimen de Correa y señala que ningún juez está seguro. Pero, además, es destacable la opinión de Rafael Oyarte, respetado constitucionalista acerca de que los problemas del presidente de la Corte surgieron cuando solicitó que se nombre al titular del Consejo de la Judicatura. Murillo, el presidente encargado, pretende perpetuarse en el cargo, agregó. Después vino el insólito caso de Guamán Tumipamba, el llamado “fantasma de Carondelet”, quien presentó la denuncia que precedió a la suspensión de Saquicela, para luego desistir de la misma y, a continuación, desistir de esta última. ¿Quién le creerá? Si aparece y desaparece. ¿Existirá…?
El rediseño de la Judicatura es inaplazable. El tema es complejo, pero, entre varias, he allí algunas reformas: exigir mayores requisitos para su designación, ser evaluados y capacitados periódicamente, crear en las universidades escuelas de especialización para jueces. El país exige que desaparezca la injusticia de la justicia. Es hora de escuchar su voz y no la del fantasma de Carondelet.
