La inseguridad ciudadana en el Ecuador está llegando a su punto más alto de expresión, si ya no lo está.
Las mafias internacionales del narcotráfico, con “sucursales” en el país, cuando no las ya formadas dentro mismo; las muertes por encargo (sicariato), el crimen organizado, la delincuencia común en cuyo manual ya no consta solo robar sino matar, el microtráfico, “justificado” en la ley, tienen atenazado al Estado.
Investigaciones periodísticas dan cuenta de la abierta disputa entre las mafias mexicana, italiana, albanesa y china. Las consecuencias las sufren Guayaquil, Durán y Samborondón.
La “ciudadanía universal” prevista en la Constitución de Montecristi nos ha llevado a esto. La inseguridad no ha florecido de la noche a la mañana. Se ha gestado, y acaso con la venia de algunos con poder, desde quien sabe cuántos años atrás.
Este descalabro llevó al gobierno de Guillermo Lasso a convocar a alcaldes, prefectos y gobernadores para, juntos, enfrentarle al enemigo común, si bien tiene compadrazgo político, judicial y hasta en la fuerza pública.
Esta claro el ámbito de cada institución. El Estado es el principal responsable de la seguridad ciudadana. El Cootad también manda a los municipios a crear y coordinar Consejos de Seguridad Ciudadana. En el caso de Cuenca, los contribuyentes pagan una tasa para este objetivo.
Es hora del trabajo coordinado. El gobierno debe presentar una política de seguridad. No es el momento de convertir a la inseguridad como oportunidad para conseguir votos ni aniquilar al régimen.
El enemigo común debe ser extinguido de raíz; y tomará su tiempo hacerlo. Esto no será posible con rabietas o metodologías populistas propuestas por ciertos alcaldes de cuyas ciudades se creen dueños.
No, así, no. Claro, se necesitan recursos, equipamiento sofisticado para la Policía y redireccionar los cuerpos de inteligencia.
Más actitud, más compromiso, más unión, mejores estrategias, mejores políticas sociales, menos palabreos.
