Durante el gobierno de Lenín Moreno, el paro decretado por Conaie y otras organizaciones sociales fue simplificado y hasta minimizado, no solo por el régimen sino hasta por la mayoría de ecuatorianos.
Pero todos conocen los resultados: más de 800 millones de dólares en pérdidas, el bloqueo de vías, la destrucción de Quito, sin importar si [h1] eran bienes públicos o privados; el incendio de la Contraloría, la toma y paralización de pozos petroleros, el boicot al sistema de agua potable en Ambato, a la producción lechera y florícola; secuestro de policías, militares y periodistas, más los muertos y heridos.
El detonante de esa nefasta revuelta casi es el mismo, igual los actores, visibles e invisibles.
Algunos dirigentes, según sus escritos, son enemigos de la democracia. Se niegan al diálogo propuesto por el gobierno.
El sostenido durante estos últimos meses, según ellos no ha sido suficiente para satisfacer su “pliego de peticiones”.
Dicen no querer nada, sino el sometimiento total del gobierno a ese pliego, so pena de radicalizar las movilizaciones, volverlas indefinidas, aplicando todo su manual de guerra y de victimización, uno de cuyos puntos es hasta la salida del presidente de la república.
La intransigencia es tal. No hay por dónde perderse. La mayoría de ecuatorianos constituyen una especie de rehenes entre los belicosos y el presidente y hasta del estado de derecho.
En ese contexto, el diálogo se anula, las demandas exigidas pierden su esencia, ni se diga el legítimo derecho a la protesta.
No se propende a la represión. El país no puede incendiarse. El presidente está llamado a rectificar, a tener sindéresis con sus ofertas de campaña, pero también tiene derecho a la comprensión ciudadana ante la complejidad económica y de inseguridad.
El control de la conflictividad social no puede escapársele de las manos. Para nada un nuevo octubre de 2019. Tiene los mecanismos legales y constitucionales para hacer prevalecer el orden público.
