La familia de Joffre Antonio Aroca pidió este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado de Ecuador por lo que considera la ejecución extrajudicial del joven a manos de un policía en 2001.
La CorteIDH llevó a cabo este viernes una audiencia por este caso, en la que escuchó a Cinthya Aroca Palma, hermana de la víctima, así como los alegatos finales de sus representantes legales, de la representación del Estado, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que se encarga de elevar las demandas al tribunal.
«Han pasado 21 años y no hemos podido encontrar justicia. Mis padres fallecieron sin haber podido encontrar justicia», declaró Cinthya Aroca.
Según la demanda, el 27 de febrero de 2001, 4 agentes policiales abordaron a Joffre Aroca, de 21 años en ese entonces, y varios amigos en la ciudad de Guayaquil, luego subieron al joven a un vehículo oficial y lo trasladaron a las cercanías de un estadio, donde murió de un balazo.
«Desconozco por qué lo retienen y lo embarcan en la camioneta sin justa razón ni motivo. No sé por qué le dispararon, sigo sin entender que este policía, sin motivo, atacó a mi hermano», expresó Cinthya Aroca.
Por su parte, el representante de la CIDH, Jorge Meza, expuso ante la CorteIDH el caso y señaló que el Estado es responsable, ya que se trató de una «detención ilegal y arbitraria» porque «no se dio bajo ninguna orden de detención ni supuesto de flagrancia».
Meza agregó que Aroca no fue informado de las razones de su detención ni llevado ante una autoridad judicial y que «su muerte fue producida por agentes judiciales, lo cual constituyó en una ejecución extrajudicial».
La demanda también señala que el caso fue juzgado por la jurisdicción penal policial, lo cual violó el derecho de contar con una autoridad imparcial.
Meza indicó que en esa instancia se emitió una sentencia que nunca fue ejecutadA y años después se decretó la prescripción de la pena, mientras que la causa sigue abierta en la Justicia ordinaria a dos décadas de los hechos.
La representante del Estado ecuatoriano, María Fernanda Álvarez, defendió que «los órganos internos del Estado cumplieron con la obligación de investigar y establecer una sentencia» y que además se llevaron adelante procesos disciplinarios contra otro policía que no informó de los hechos.
Álvarez explicó que el policía Carlos Rivera fue sentenciado en 2003 a 8 años de prisión por homicidio, pero la sentencia no se pudo hacer efectiva porque el hombre se fugó. En 2021 se decretó la prescripción de la pena.
En cuanto a la reparación a la familia, la representante estatal dijo que «en todo momento el Estado de Ecuador ha estado presto con la obligación de reparar a los familiares», incluidos «los mecanismos internos de la Comisión de la Verdad.
También afirmó que el Estado intentó acordar una reparación con el acompañamiento técnico de la CIDH, sin embargo no ha sido posible alcanzar un acuerdo.
Tras la audiencia de este viernes, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH podrá emitir un fallo en los siguientes meses. EFE
