Ninguna persona de “provincia” como nos suelen denominar arbitrariamente las personas que viven en la Capital ecuatoriana, podemos indicar que no hemos sentido el lamentable centralismo que se vive al momento de tener que enfrentar decisiones, tanto simples como de cierto grado de complejidad, y que mantienen relación principalmente con el aparataje público.
Reclamos, permisos, pronunciamientos, asignaciones, delegaciones o una simple decisión retrasada, han causado grandes perjuicios a las personas que en más de una ocasión hemos tenido que esperar de la voluntad de cierto funcionario público que bajo su aparente cantidad de trabajo, o escaso conocimiento de causa, se ha encargado de dilatar negligentemente un proceso.
Sean cuales fueren las ofertas que nos brinden las autoridades de turno, lo primero que se debe atacar es la prevalencia de la descentralización estatal, sobre todo cuando hablamos de trámites que atañen única y exclusivamente a la región en la que habita un ecuatoriano y que su posible impacto no tiene repercusiones nacionales.
Debemos poner un alto definitivo a la fuga de poder de decisión que, inclusive podría generar la fuga de la oferta laboral toda vez que, el trabajo que mediocremente es realizado por un funcionario en la ciudad de Quito, bien podría ser desarrollado agenciosamente por alguien que viva, comprenda y se dedique a trabajar en el medio en el cual se gesta una necesidad. (O)
