La vialidad rural del Azuay es otro de los grandes problemas de la provincia. Pasa algo desapercibida frente al deterioro de las carreteras intraprovinciales cuya responsabilidad es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
De las vías rurales se encargan el Gobierno Provincial y los Municipios. De los por sí limitados presupuestos deben asignar porcentajes no siempre equiparables con las demandas.
Tampoco tienen equipos camineros suficientes. Algunos ya están obsoletos. Un recambio necesita de altas inversiones y la alternativa es endeudarse.
En otros casos, los Municipios deben contratar equipos privados, una práctica vista como poco transparente; catalogada hasta para pagar favores políticos.
Azuay tiene más de 3.500 kilómetros de vías de segundo y tercer orden. Todas son de lastre. Con este material, de poca durabilidad, reciben mantenimiento, no siempre en el momento oportuno.
El intenso tráfico, el descuido, derrumbes y las lluvias pasan factura a ese tipo de vías.
Según reporta el Gobierno Provincial, hay un déficit cercano al 50 % de carreteras sin mantenimiento. Están en mal estado. Las limitaciones anotadas le impiden dar una cobertura total.
Una práctica común entre el GAD Provincial, los Municipios y las Juntas Parroquiales es firmar convenios para en algo atender esas exigencias. Es una especie de concurrencia “entre pobres”.
Mejorar un kilómetro de vía lastrada cuesta más de USD 80 mil si es con doble tratamiento superficial bituminoso; USD 150.000 si es con asfalto.
La primera alternativa se ajusta más a la realidad económica. Y así se ha procedido. También, a nivel de asfalto mediante contratos con la empresa pública Asfaltar.
La tasa provincial para recaudar fondos para la vialidad rural fue derogada por la novelería política. La pagaban los dueños de vehículos al momento de matricularlos. No era la panacea, pero de algo servía.
Con los escasos presupuestos, difícilmente la vialidad rural será atendida en términos de calidad y durabilidad.
