Muchos alcaldes y prefectos optarán por la reelección, un derecho previsto en el Código de la Democracia. Igual lo harán algunos concejales y miembros de las juntas parroquiales rurales.
Los electores tendrán la oportunidad de permitirles o no tal pretensión. A no dudarlo, será una especie de evaluación a los cuatro años de administración, matizados, de manera contundente, por la pandemia.
Casi todas esas autoridades no cumplieron sus respectivos planes de trabajo. En gran medida por las restricciones y los reajustes presupuestarios a causa de aquella enfermedad.
Pero también por la mala ejecución de los presupuestos, la no consecución de créditos, y porque las necesidades de los pueblos rebasan las ofertas hechas en la campaña electoral anterior o fueron desmesuradas, irrealizables, demagógicas.
Si bien la ley lo prohíbe, quienes por querer seguir en funciones por otros cuatro años, no se guardan reservas ni apariencias y están en abierta campaña electoral. De forma velada se aprovechan de los recursos públicos, de la infraestructura institucional y hasta del personal, sobre todo de quienes laboran mediante contrato.
Este procedimiento riñe contra la ética. No solo eso; además implica no competir en iguales condiciones con sus rivales políticos.
Publicitan las obras, hasta incluyendo sus nombres; camuflan propaganda con información y, obviamente, todo cuando significa disponer de los hilos del poder.
Asimismo, algunos asambleístas renunciarán a su curul para ser candidatos a alcaldes o prefectos. De alguna forma, son parte del cacicazgo con el cual sus partidos o movimientos manejan sus feudos electorales.
También será otra especie de evaluación. De prevalecer la pésima calificación del accionar de la Asamblea Nacional, incluso de cada legislador, la elección de tales potenciales candidatos estaría cuesta arriba.
Claro, son situaciones diferentes; y por serlo, sus tiendas políticas los lanzan al ruedo electoral.
Ojalá los candidatos, incluyendo quienes intentarán la reelección, estén a la altura de la responsabilidad para dirigir una ciudad o una provincia.
