Si es poco el interés ciudadano en los comicios para elegir alcaldes, concejales, prefectos y vocales de las juntas parroquiales, mucho más lo es la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Gran parte del electorado a lo mejor desconoce este tipo de elección. Por primera vez serán elegidos en las urnas. Antes los nombraban el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante concurso de oposición y méritos.
Llamado también Quinto Poder, el Cpccs es una de las instituciones más fuertes y decisivas en la institucionalidad del Estado.
Fue parte de la “novelería política” del andamiaje previamente concebido para aprobar la actual Constitución.
Varias atribuciones del Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, les fueron trasladadas. Entre ellas, la designación de contralor, procurador, fiscal, miembros del CNE, superintendentes.
Eso habla de su enorme poder. Quiérase o no, su integración obedece a intereses político partidistas, de cuya influencia se abjuró a pretexto de no “politizar” aquellos nombramientos.
Según los hechos políticos, eso nunca ocurrió. Más bien fue cooptada para ejercer control total y nombrar autoridades maleables. Se intentó eliminarla, restarle atribuciones. Nunca ocurrió.
La actual pugna de poderes se encuadra en ese propósito. Hacerse del Cpccs es la aspiración de ciertas fuerzas políticas cuya lucha la libran en la Asamblea Nacional.
En un ejercicio de verdadera ciudadanía, los electores deben interesarse a lo máximo para escoger a los nuevos consejeros.
Con seguridad, la mayoría de candidatos será de Quito y Guayaquil. Por lo tanto, desconocidos en el resto del país. Y esto tendrá mucha incidencia.
En teoría, no deben ser parte de un partido o movimiento político. Pero, como ocurre con los actuales consejeros, sus afinidades partidistas son visibles. Son parte del juego subterráneo por manejar los hilos del poder. Interiormente libran enconadas querellas.
