El país está en ascuas mientras transcurre el plazo acordado entre el Gobierno y la Conaie para concretar los diez puntos de la agenda de diálogo, establecida tan pronto concluyó el paro violento protagonizado por la organización indígena y sus aliados.
Las dos partes hacen sus propias evaluaciones, interpretan los avances o retrocesos según sus conveniencias políticas, en tanto el resto de ecuatorianos mira de lejos la situación cuyo desenlace es impredecible.
Si para el Gobierno, en las mesas técnicas el proceso va por buen camino, para la Conaie no es así.
Para representantes del Ejecutivo, liderados por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el diálogo no va por aceptar presiones ni imposiciones, como sería la posición del sector indígena.
El diálogo pasa por la predisposición de ceder mientras se exige, a ver las causas pero también las consecuencias de tal o cual decisión, a no alejarse del marco jurídico, de las relaciones económicas en determinada materia. En suma, a entenderse, aun en medio de visiones dispares sobre la realidad nacional.
Si se opta por la imposición, por la amenaza de nuevos levantamientos, o en el camino interponer otras exigencias, se desnaturaliza el encuentro y los objetivos planteados.
Hay avances. A lo mejor no dentro de las expectativas trazadas, pero los hay.
Las respuestas del Gobierno han sido lentas, diferidas en varios casos; pero, como lo justifica, obedecen a normativas legales. Es más, algunos de los asuntos planteados no se resuelven de un día para otro.
Hay, eso sí, temas complejos como el control de precios y el mecanismo para reducir el costo de la gasolina y el diesel a favor de quienes, en verdad lo necesitan.
Ojalá el cambio repentino del viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, quien participaba en las mesas de diálogo y era uno de los voceros, no incida o se mal interprete.
Ningún plazo es suficiente para llegar a acuerdos por el bien de todo el país, trabado, precisamente por posiciones extremas.