Los conflictos de intereses han sido, son y serán otros de los grandes problemas del Ecuador.
En tales circunstancias, las acciones de las personas, su imparcialidad, sus votos, socavan la ética, la fe pública. Prevalecen sus intereses, económicos casi siempre, sobre el interés general.
Y eso, en lo público atenta contra la correcta administración, en la lucha anticorrupción, incluso al buen ejercicio de la política.
En estos días, el país mira cómo los conflictos de intereses posponen la resolución final con respecto al juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura.
En la Asamblea Nacional, escenario donde se juegan tales intereses, surgieron votos a favor de la censura. Provinieron de un sector político cuya decisión acordada con anticipación fue abstenerse, si bien otros de sus miembros optaron por la destitución.
Investigaciones periodísticas revelan las razones para tal viraje. Una asambleísta de dicho sector (ID), quien votó por la censura, tendría conflictos de intereses, derivados de una serie de juicios patrocinados por el estudio jurídico de su esposo e hijos.
En un sector de la Corte Nacional habría interés en la destitución de los tres vocales de la Judicatura.
Los conflictos de intereses son parte de la razón de fondo para conseguir ese objetivo. Y por eso, el intento para reconsiderar la primera votación, cuando no se lograron los votos suficientes, fue pospuesto. Luego lo lograron, pero al no tenerlos, vuelven a posponer.
También habría conflictos de intereses en el Ministerio de Energía y Minas. Los tendría su titular dentro del caso Coca Codo Sinclair. La Comisión de Fiscalización pide al Presidente Lasso reconsiderar su designación.
Por lo visto, los conflictos de intereses involucran quien sabe a cuántos funcionarios públicos, incluso a autoridades de elección popular. Quienes reconocen tenerlos y dan un paso al costado son pocos.
Una manera poco transparente de actuar y acaso inadvertida cuando se habla sobre la corrupción.
