El ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha sido llamado a juicio político. La solicitud fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa.
El enjuiciamiento lo impulsa la oposición al Gobierno. La Comisión de Garantías Constitucionales, donde tiene mayoría, aprobó un informe sobre el uso de la fuerza durante las protestas de la CONAIE y sus afines en junio pasado.
Dichas protestas, como las de octubre de 2019, se tornaron violentas. El vandalismo puso en vereda la paz ciudadana, a quienes querían trabajar, y estuvo a punto de romper el orden constitucional.
Causaron más de un millón de dólares en pérdidas, destrucción de la propiedad pública y privada; igual, muertos y heridos.
Excepto un asambleísta, cuyo movimiento es parte fundamental de las protestas, los demás actores políticos y sociales, patrocinadores también de esas acciones, nunca se pronunciaron en contra del vandalismo.
La Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en función de los decretos de excepción y de los constantes cambios de opinión del Gobierno, trató de contener a los violentos cuyos focos de vandalismo asomaron en diferentes provincias, incluso con claras demostraciones de estrategia guerrillera.
El rol constitucional de la Policía es controlar el orden y garantizar la paz social.
El país sensato, los políticos sensatos –pocos, por cierto- conocen de sobra lo ocurrido durante los 18 días de protesta, un derecho ciudadano deformado y aprovechado por los violentos.
Empero, el ministro irá a juicio político, paradójicamente por “incumplimiento de funciones”. ¿Por no controlar el orden y garantizar la paz ciudadana? O, ¿por no dejar a los violentos destruir al país? Esta última parece ser la “causa” de los “fiscalizadores”, otrora represores cuando fueron gobierno.
Para el ministro, en el juicio en su contra también hay “actores relacionados” con el narcotráfico y la minería ilegal.
Tendrá sus razones para semejante revelación y, con seguridad, la expondrá ante sus enjuiciadores.
