Carlos Castro Riera
El presidente Lasso presentó un proyecto de Consulta Popular a la Corte Constitucional (CC) para que emita el dictamen de constitucionalidad. El primer error del gobierno es no haber dialogado antes con diversos sectores sociales sobre su contenido.
De las preguntas de la consulta se puede colegir que su objetivo es mejorar la aceptación política del régimen, para lo cual trata de explotar los sentimientos de inseguridad, el hartazgo de la politiquería y la conciencia ambientalista de la ciudadanía.
La pregunta relacionada con la colaboración de la FF.AA. en las funciones de la Policía Nacional, ya la CC señaló que la intervención de las FF.AA. debe limitarse a Estados de Excepción, tesis corroborada por organismos internacionales de derechos humanos.
Más valdría que el gobierno fortalezca a la Policía en su formación profesional y ética y le dote de suficientes recursos para la movilización, comunicación y labores de inteligencia.
La pregunta sobre permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional posiblemente no pase el examen de constitucionalidad, por ser regresiva de derechos al restringir la prohibición de la extradición de ecuatorianos sin distinción de delito alguno.
La pregunta sobre la autonomía de la Fiscalía General no alcanza su objetivo porque traslada la dependencia de la Fiscalía del Consejo de la Judicatura a un Consejo Fiscal.
La autonomía de la Fiscalía General debe ser total del poder político y en la gestión de sus recursos humanos, materiales, y financieros para que investigue y acuse los delitos, con independencia, en forma técnica y sin condicionamiento político alguno.
Las preguntas relacionadas con la disminución del número de asambleístas y de movimientos políticos, y del paso de la elección de las autoridades de control hacia la Asamblea Nacional, éstas no garantizan la mejora de la calidad de los asambleístas, de los políticos y tampoco de las autoridades de control.
Finalmente, las preguntas sobre las Áreas de Protección Hídrica y las compensaciones a las comunidades por servicios ambientales, no hay necesidad de consultar, ya existen suficientes leyes, lo que falta es la voluntad política del gobierno para hacerlas realidad. (O)
