Marco Salamea
Análisis político
El femicidio de la abogada María Belén Bernal, ocurrido en la Escuela Superior de la Policía Nacional, ha generado conmoción y condena en el país, esto porque ocurrió en las instalaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional y porque, además, presumiblemente habría habido el encubrimiento o, por lo menos, la inacción para evitar el crimen, por parte de elementos policiales que estaban al interior de dicha Escuela.
Se trata, sin duda, de un hecho grave que ha generado cuestionamientos a la institución policial; pero que, también, serían cuestionamientos a quienes son responsables políticos, desde el poder gubernamental, del manejo de la Policía.
No es la única vez que la imagen de la Policía Nacional se empaña por el cometimiento de delitos que involucran a algunos de sus miembros; incluso, a más del crimen contra María Belén, en los últimos días se reportaron casos como el robo y asesinato a una persona dentro de su domicilio en Cuenca, el asalto cometido en un restaurant de Guayaquil, la agresión de un elemento policial a su pareja en un espacio público de Vinces, el intento de ingresar armamento en la Penitenciaría de Guayaquil; amén de que hace pocos meses el embajador de los EE,UU: hablaría de la existencia de “narcogenerales”.
Es una situación que ameritaría una depuración urgente de las filas policiales, amén de una reestructuración institucional de fondo, pues la Policía es el órgano del Estado al que le corresponde el uso legítimo de la fuerza (es decir, basado en la Ley) para garantizar la vida y la seguridad de las personas.
Un órgano que debiera ser visto por la ciudadanía con confianza, y no con sospecha o temor; una institución que deber ser promotora del respeto al Estado de derecho, y de valores humanos y democráticos.
Por el lado del Gobierno, al cual constitucionalmente está supeditada la fuerza pública, su reacción frente al crimen contra María Belén fue tardía, y sólo se produjo principalmente por la presión e indignación masiva de la opinión pública.
Ojalá el presidente Lasso asumiera la verdadera dimensión de lo que está pasando con la seguridad de las personas, y de la institución encargada de garantizarla, y actúe en consecuencia por el bien del país y de su población. (O)
