San José (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará, en octubre próximo en Uruguay, su 153 período ordinario de sesiones donde verá casos contra Perú y Argentina. En el marco de la visita se realizarán tres audiencias públicas de casos contenciosos y se deliberarán tres sentencias sobre México, Bolivia y Ecuador. Además, se desarrollarán tres seminarios públicos, uno de ellos en el Palacio Legislativo en Montevideo el martes 11 de octubre, otro en la ciudad de Punta del Este el martes 18 de octubre y otro en la ciudad de Colonia el jueves 20 de octubre.
La CorteIDH realizará el miércoles 12 de octubre una audiencia pública del caso Comunidad de La Oroya contra Perú que se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por los supuestos perjuicios causados a un grupo de pobladores de la Comunidad de La Oroya, como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo metalúrgico en dicha comunidad.
La denuncia alega que el incumplimiento de Perú con sus obligaciones internacionales permitió que la actividad minera generara altos niveles de contaminación que han impactado seriamente la salud de las presuntas víctimas.
Además, el jueves 13 de octubre, los jueces verán el caso Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina, que se relaciona a la presunta responsabilidad internacional del Estado en relación con el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, el cual causó la muerte de 85 personas y heridas de gravedad en perjuicio de al menos otras 151 personas.
La demanda argumenta que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, que dicho riesgo era real e inmediato y que Argentina no adoptó las medidas razonables para evitarlo.
El miércoles 19 de octubre será la ultima audiencia, con el caso María y otros contra Argentina, que trata sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado en el marco del proceso administrativo y judicial de guarda y adopción del niño identificado como «Mariano» en perjuicio del propio niño, su madre «María», quien al momento del nacimiento de su hijo tenía 13 años.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el Estado argentino no adoptó las medidas para que el menor fuera criado por su familia biológica, no agotó las medidas para que ello ocurriera, ni aseguró que la decisión de adopción fuera libre y en el mejor interés superior de las personas menores de edad. EFE
