La Paz.- La región boliviana de Santa Cruz cumple 15 días de una huelga ciudadana que reclama que el censo de población se realice en 2023 con un Gobierno urgido por resolver el conflicto antes de que escale a otros territorios y continúe la afectación a la economía provocada también por el cerco de sectores oficialistas a ese departamento, motor económico del país.
En julio de 2021, el Gobierno de Luis Arce anunció que la consulta nacional sería este próximo 16 de noviembre y que era una «prioridad nacional».
Un año después lo aplazó a 2024 alegando razones técnicas, lo que desató la protesta sobre todo de Santa Cruz, que cumplió huelgas de 24 y 48 horas antes de ir al paro indefinido desde el pasado 22 de octubre.
Santa Cruz ha insistido con la realización de la encuesta porque de ella dependen aspectos como una nueva distribución de recursos y la asignación de cuotas de representación política en el Parlamento.
El Gobierno argumenta que el censo en 2024 garantizará la calidad de los resultados y considera que las protestas cruceñas son «aventuras golpistas» como, a juicio del oficialismo, ocurrió en 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de denuncias de un supuesto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
El investigador social Carlos Hugo Molina dijo a EFE que ambos conflictos no tienen comparación, pues el de 2019 era «una crisis de Estado porque estaba en duda la fe del Estado en unas elecciones que habían sido calificadas de fraudulentas», mientras que el problema actual «se resuelve simplemente con la realización oportuna y útil del censo».
Estos datos, indicó Molina, son necesarios porque el país se sigue manejando con los de la consulta de 2012 y desde entonces el mundo y «Bolivia en particular» han atravesado por una crisis económica desde 2015 y una pandemia en 2020.
CONTEXTO NACIONAL
Molina consideró que la dificultad para que un país «con un proceso migratorio tan fuerte campo-ciudad» se resista a cumplir con el mandato del censo se debe a que «nos está costando aceptarnos».
Para poner esto en contexto, explicó que en 1950 el 74 % de la población boliviana se concentraba en el área rural y el 26 % en el área urbana, mientras que la proyección actual señala que el 75 % vive en las ciudades y el 25 % en el campo.
«Esta es una de las razones que están impidiendo la realización pacífica del censo porque va a significar que tengamos que aceptar una realidad que es distinta a la del discurso», sostuvo.
Para Molina, Santa Cruz no es «el urgido» de que se realice la encuesta, pues su pujanza económica se dio y continuará «sin censo», pero hay otros territorios con «graves problemas migratorios» que sí deberían verla como una necesidad.
El experto consideró que el Gobierno «está urgido» de resolver el conflicto ante las amenazas desde otras regiones de sumarse a la huelga desde el lunes y por ello decidió instalar la comisión técnica que fijará la fecha definitiva del empadronamiento.
HUELGA, CERCO Y ECONOMÍA
Otro aspecto que ha marcado el conflicto es el «cerco» iniciado por sectores oficialistas para romper la huelga.
Autoridades como el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justifican que el cerco fue una «respuesta de los sectores populares» ante la «falta de ética de las élites empresariales y cívicas» cruceñas, que supuestamente no cumplen el paro, pero exigen que el resto lo haga.
Montenegro también ha advertido que en 14 días de huelga se produjo un daño económico por más de 500 millones de dólares, del que responsabilizó únicamente al gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho.
El gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo a EFE que el impacto de la huelga en la economía cruceña rondaría los 300 millones de dólares con una afectación a todo el país «al representar Santa Cruz el 30 % del producto interior bruto (PIB) boliviano».
«Si con el 4,13 % de crecimiento de la economía nacional al primer semestre se veía difícil lograr el 5,1 % previsto por el Gobierno para este año, llegar al 4 % en 2022 sería una gran noticia», consideró.
También alertó que la población sufrirá por el desabastecimiento, subida de precios y especulación, «considerando que Santa Cruz produce el 76 % » de los alimentos del país.
Para Rodríguez, la situación se complica «aun más» con el cerco a Santa Cruz, que calificó de «inhumano», ya que «ni en época de guerra» se impide el paso de alimentos a una población, algo que no estaba ocurriendo durante la huelga «por razones humanitarias».
Para garantizar el abastecimiento interno ante la huelga, el Gobierno prohibió temporalmente las exportaciones de carne, azúcar, soya y sus derivados, aunque estos últimos fueron liberados tras un acuerdo con los soyeros.
Al respecto, Rodríguez indicó que el «alto crecimiento» y la estabilidad de precios del país frente a otras economías en crisis se logró en gran parte gracias a la «sobreproducción y las exportaciones, pero esto puede cambiar».
«Si las exportaciones caen y por ello las reservas internacionales netas (RIN) van a la baja, podría haber inestabilidad. Prohibir la exportación en estos momentos es tirarse un tiro al pie», alertó. EFE
