El excongresista peruano Kenji Fujimori fue sentenciado a 4 años y medio de prisión por tráfico de influencias, a raíz del intento de negociar el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017, quien indultó a su padre el expresidente Alberto Fujimori ese mismo año.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Inés Villa Bonilla, leyó el martes 15 de noviembre de 2022 en una audiencia el adelanto del fallo que condena a Fujimori y otros dos exlegisladores, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, por el delito de tráfico de influencias agravado y reales.
Sin embargo, la corte los absolvió del delito de cohecho (soborno) y determinó que la pena de cárcel queda suspendida hasta que sea firme, es decir, ratificada en segunda instancia.
Contra los sentenciados, los magistrados también dictaron 18 meses de inhabilitación de la función pública y la imposición de una multa, que en el caso de Fujimori asciende a 52.000 soles (unos 13.600 dólares).
Kuczynski indultó al exgobernante Fujimori (1990-2000) el 24 de diciembre de 2017, apenas tres días después de haber salvado de un primer intento de destitución gracias a los votos en abstención de Kenji y de otros nueve parlamentarios disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Bocángel y Ramírez.
Sin embargo, a inicios de 2018, mientras se orquestaba un segundo intento de la oposición por destituir a Kuczynski, salieron a la luz unos videos grabados con cámara oculta por el fallecido excongresista fujimorista Moisés Mamani en los que se apreciaba a Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez ofrecerle obras del Gobierno para su región a cambio de votar en contra de la destitución presidencial.
En tanto, el indulto al expresidente Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, fue anulado por irregularidades en su tramitación y se ordenó su regreso a prisión.
La difusión de los videos de Mamani dio fuerza a la oposición para continuar el proceso de destitución, tras revelarse presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht recibidos por Kuczynski, quien prefirió dimitir en marzo de 2018 para evitar la inminente destitución por «incapacidad moral permanente».
Durante la lectura del fallo, a cargo del juez José Neyra, la sala revisó el informe pericial que verificó la autenticidad y originalidad de los audios y vídeos que sirvieron de pruebas para este caso y concluyó que estos no fueron manipulados ni editados, más allá de los cambios de nombres en los archivos originales de un reloj espía. EFE
