La Asamblea Nacional desconoció ayer la polémica designación de un superintendente de Bancos, nombrado por integrantes de un Consejo ciudadano destituidos por el mismo Legislativo.
La Asamblea también insistió en rechazar el fallo del juez Ángel Lindao, que el pasado 23 de noviembre aceptó una medida cautelar para dejar sin efecto la destitución por el Parlamento de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes designaron al nuevo superintendente.
El juez Lindao aceptó una medida cautelar a favor de Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, destituidos en el pleno de la Asamblea el pasado 18 de noviembre.
Los consejeros, en una polémica reunión designaron este sábado a Roberto Romero como nuevo superintendente de Bancos, lo que crispó a los legisladores que reaccionaron inmediatamente.
«La Asamblea Nacional NO reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos», afirmó el Parlamento en su comunicado suscrito entre otros legisladores por el presidente de la Cámara, Virgilio Saquicela.
Aclaró que «los actos del poder público contrarios a la Constitución carecen de eficacia jurídica» y por lo tanto «no es factible acatarlos cuando entrañan graves violaciones a la norma suprema».
De su lado, el destituido presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, en un mensaje en su cuenta de Twitter confirmó que Roberto Romero fue designado como superintendente de Bancos, luego que el Consejo analizara las «propuestas de trabajo que presentaron los integrantes (candidatos) de la terna remitida por el Ejecutivo» para tal designación.
El Parlamento, en su comunicado, advirtió de que el órgano legislativo ha cumplido con la Constitución y recordó que el incumplimiento de lo que la Asamblea ha resuelto, como la destitución de los consejeros del Cpccs, «debe ser sancionado» por las autoridades competentes. EFE
