Varios Gobiernos y la OEA rechazaron este miércoles al unísono las decisiones del ahora expresidente peruano Pedro Castillo, de cerrar el Parlamento y convocar un «Gobierno nacional de emergencia», que posteriormente lo llevaron a su destitución y detención.
La Cancillería colombiana invocó la democracia para manifestar su rechazo, al condenar «todo atentado contra la democracia, venga de donde venga». Además, recordó que esta «requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso».
En la misma línea se expresó su par chilena, quien lamentó «profundamente» la crisis política del país andino, e hizo un «llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales».
Mientras, el Gobierno ecuatoriano, además de expresar preocupación por Perú, exhortó a la comunidad internacional a facilitar el proceso democrático. Su canciller, Juan Carlos Holguín, formó parte del grupo de alto nivel designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que evaluó la situación política de Perú en noviembre.
Precisamente, ante lo sucedido este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA celebró en Washington una sesión extraordinaria, en la que su secretario general, Luis Almagro, llamó al diálogo y tildó de «una alteración del orden constitucional» las acciones de Castillo. Posteriormente, reconocieron a la abogada izquierdista Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, como nueva presidenta.
También desde el organismo, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, expresó que «si bien es rechazable y condenable cualquier ataque a un Gobierno popular, también es rechazable e inaceptable cualquier intento de quebrar el orden constitucional».
Según el embajador, lo ocurrido deja dos temas para analizar, uno de ellos que hubo una «constante conspiración» y «rechazo a un Gobierno de extracción popular».
Desde el Gobierno de Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, pidió defender la democracia e indicó que «seguirá de cerca los acontecimientos» que vayan ocurriendo en el país y que su país «actuará de acuerdo a los deseos y aspiraciones del pueblo peruano».
Recordó además que todos los firmantes de la Carta Democrática Interamericana, rubricada precisamente en Lima en 2001, están comprometidos con los «valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho».
LLAMADO A RESGUARDAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL
Por su parte, el Gobierno de Argentina hizo «un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional».
Antes de conocerse la destitución y detención de Castillo, el Ejecutivo de Costa Rica calificó las decisiones del expresidente como una ruptura del orden constitucional, y señaló que son «un retroceso en el proceso de diálogo democrático y negociación diplomática que se venía respaldando por parte de la comunidad internacional».
De otro lado, el presidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, consideró las acciones de este miércoles de Castillo como «incompatibles con el conjunto normativo constitucional» de Perú, de acuerdo con la Cancillería, porque representan «una violación a la vigencia de la democracia y del Estado de derecho».
Asimismo, resaltó su «disposición a seguir manteniendo las sólidas relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países y le desea éxito a la presidenta Dina Boluarte en su misión como Jefe de Estado peruano».
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que «siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino», pero que entiende «que todo caminó dentro de los moldes constitucionales».
Lula, símbolo de la izquierda latinoamericana, dijo que espera que Boluarte «tenga éxito en su tarea de reconciliar el país y conducirlo por el camino del desarrollo y la paz social».
También se unió Panamá, que le transmitió su apoyo a Boluarte «para que lidere un nuevo Gobierno que encuentra una pronta y duradera solución a la crisis que afecta al pueblo peruano en estos momentos».
El Gobierno español celebró el posterior «restablecimiento de la normalidad democrática» y recalcó que «siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional».
MÉXICO LE OFRECE ASILO A CASTILLO
Mientras, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a las «élites económicas y políticas» de Perú de forzar a Castillo a «tomar decisiones» que derivaron en su destitución.
Consideró «lamentable» que por esos «intereses», desde el comienzo de su «presidencia legítima» se haya «mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución».
Sin embargo, pidió que «ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo».
Anteriormente, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que «si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos, pero no lo ha solicitado». Además, anunció el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el próximo miércoles en Lima.
También cercano a Castillo, el expresidente boliviano Evo Morales destacó su «profunda preocupación por la crisis política» en Perú y pidió «que se respete la seguridad, el derecho a la vida y convivencia pacífica y democrática. Que se respete ante todo la Constitución y los más altos intereses del pueblo peruano».
A su turno, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió condenar el «constante hostigamiento de élites contra Gobiernos progresistas».
«LOS GOLPES DE ESTADO NO DEBEN PERPETUARSE»
Desde Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional expresó «su enérgica condena al golpe de Estado ocurrido en el Perú, que es el resultado de una serie de eventos para erosionar la democracia y la voluntad soberana del pueblo representado por el Presidente Pedro Castillo, para quien se exige se respete su integridad física y sus derechos humanos».
Además, señaló que «los golpes de Estado no deben perpetrarse».
También, la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, «reconoció» y «celebró» la «institucionalidad política, jurídica, militar y policial de ese país, cuyos representantes no dudaron en hacer cumplir su Constitución, enfrentando de forma exitosa este intento de golpe de Estado».
Del mismo modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo invocó un «diálogo constructivo entre todos los actores y fuerzas políticas para preservar la democracia y sus instituciones en favor de la estabilidad y la pacificación en ese país hermano», y el Gobierno de Uruguay condenó «enérgicamente» cualquier «intento de quebrantar el orden constitucional».
Finalmente, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, ahora asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, derrocado el 28 de junio de 2009 cuando le restaban siete meses para que concluyera su mandato de cuatro años, se unió a las voces de condena al «golpe de Estado en Perú», que dijo se hizo «violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el Presidente Pedro Castillo». EFE
