La decisión presentada por el COE Nacional ha dado lugar a varias reflexiones sobre las políticas de salud en el Ecuador. Hay una preocupación generalizada sobre las falencias del sistema de salud que, durante los últimos años, ha sido víctima de un “sangrado estructural, administrativo y financiero.” Si algo ha dejado la pandemia como lección a los gobiernos, indistinto de su signo ideológico, es que un sistema fuerte de salud pública permite enfrentar emergencias sanitarias como la del COVID-19. No es posible prevenir la llegada del virus y sus variantes, pero se puede proteger a la población con adecuada infraestructura, personal capacitado y campañas eficientes de prevención y protección. En el Ecuador esa lección parece que no se aprendió. La cantidad de muertos de marzo, abril y mayo de 2020 y los problemas iniciales en la distribución de vacunas, no han sido señales suficientes para tomar mejores medidas ante las enfermedades respiratorias que ya resultan parte de la convivencia social.
Si la solución es volver a las mascarillas, es evidente que hay deberes que, o no se realizaron, o se hicieron mal. Un ejemplo es la deficiencia en los hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IESS, en su capacidad de atención a niños y niñas, y población en general. Las largas horas de espera, la insuficiencia de profesionales y la escasez de medicinas son consecuencias de las fallas estructurales, administrativas y financieras de nuestro sistema de salud. Todas ellas de estricto control y responsabilidad gubernamental.
Si desde la narrativa del gobierno, el problema de la inseguridad y violencia es culpa del narcotráfico y de la narcopolítica, ¿a quién culparán sobre el repunte de COVID-19? Que sea a la población que sale a buscar el sustento diario, muchas veces en las peores condiciones laborales. Tampoco a los pequeños que van a sus escuelas con la necesidad de aprender luego de un confinamiento que ha sido indolente con sus necesidades sociales, psicológicas y académicas. Que no se mire como responsables a los adultos mayores que reciben las visitas de familiares ante la época que promueve el encuentro y la unión.
El anuncio de volver a las mascarillas sólo oculta la fragilidad del sistema público de salud que se encuentra en estado crítico, a la espera de la decisión gubernamental de garantizar, de una vez por todas, el derecho a la salud.
