Bruselas.- Los ministros de Energía de los Veintisiete tienen el mandato de cerrar este lunes un acuerdo sobre cómo establecer un tope de precio en las importaciones de gas en la UE, una compleja negociación que tiene «secuestrados» otros dos reglamentos importantes para responder a la crisis energética.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE dejaron plasmado en las conclusiones de la cumbre del pasado jueves, adoptadas por unanimidad, que «el Consejo Europeo acoge con satisfacción los progresos realizados y pide al Consejo que finalice el 19 de diciembre de 2022 su trabajo».
Ese documento incluye una fecha concreta, la de este lunes, una modificación respecto a borradores anteriores consultados en los que también se subrayaba esa urgencia, pero sin tanta concreción.
Los dos bloques de países, la mayoría que quiere un tope al gas en la que se encuentran Italia, España, Grecia o Bélgica, y los que son reacios a intervenir el mercado, como Alemania, Países Bajos o Hungría, han acercado posturas en los últimos meses. Pero falta por decidir, entre otras cosas, el precio de ese tope.
«El precio va a ser lo que centre la discusión. Se trata de saber qué es un precio excesivo», señala una fuente diplomática.
Tras meses de debate, la Comisión hizo una primera propuesta legal a finales de noviembre para establecer ese tope en 275 euros el megavatio-hora (MWh) en el índice de futuros TTF de Ámstedam, que el pasado agosto rozó los 350 euros.
El tope requería además una diferencia de 58 euros respecto a la media de otros mercados internacionales de gas natural licuado (GLN), así como ciertas condiciones de activación y desactivación.
Ya en manos de los países, ese borrador ha ido negociándose y se trabaja ahora con una propuesta de tope en 200 euros/MWh con una brecha superior a 35 euros al precio medio en el mercado de gas natural licuado durante tres días y un «corredor dinámico» que hiciera evolucionar ese techo en función de la diferencia con otras plazas internacionales.
Se ha llegado además a un pacto sobre la posibilidad de que afecte a otros índices europeos de menos relevancia y a que se aplique sólo a los mercados organizados, dejando fuera las operaciones privadas (OTC).
También se han consensuado las cláusulas de desactivación y que exista una salvaguarda para anularlo si se produce una situación de emergencia, como que un Estado miembro quede desabastecido porque no atraiga a los compradores. Pero no las condiciones exactas de activación ni el precio.
Del acuerdo al llamado «mecanismo de corrección de mercado», que se pretende habilitar a inicios de enero, dependen otros dos reglamentos que ya están políticamente acordados, pero que los partidarios del tope al gas se niegan a adoptar formalmente hasta que no se resuelva la cuestión de limitar el precio de las compras de gas.
El primero es una normativa tramitada por vía de urgencia para establecer cláusulas de solidaridad entre países en caso de escasez de gas y las condiciones para que empiece a funcionar la plataforma de compras conjuntas de gas, que busca agregar demanda entre los Veintisiete y lograr así precios más bajos.
El segundo es un reglamento también de emergencia para relajar las condiciones para aprobar nuevas infraestructura de energía renovable, buscando que la UE gane autonomía en el ámbito de la energía, un área que se ha visto comprometido desde la invasión de Rusia sobre Ucrania.
Los tres expedientes persiguen que la UE esté preparada para un 2023 que se perfila como particularmente difícil en cuanto al abastecimiento gasístico, con apenas envíos de Rusia al club comunitario y un mercado internacional de GLN con una oferta limitada, que se verá aún más comprometida si la economía china despierta.
«No creo que hayamos pasado lo más duro. Creo que hay que preparar en serio el invierno próximo», declaraba el pasado jueves al término de la cumbre europea el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuya opinión comparten la Comisión Europea y la Agencia Internacional de la Energía. EFE
